A estas alturas y con todo lo sucedido, el gobierno del estado ya no puede negar que en Puebla el crimen organizado ha sentado sus reales y que ha sido incapaz de detener la ola delictiva que azota en el territorio desde hace varios años, generando violencia como nunca antes se había visto en la localidad, con la consecuente zozobra social.
Es urgente la intervención del gobierno federal para frenar la situación, porque las ejecuciones, los enfrentamientos a balazos, los levantones, las desapariciones y ahora también la eliminación de cadáveres por métodos escalofriantes son ya un asunto cotidiano.
Muchas de las actividades de las bandas del crimen organizado en Puebla en verdad no pueden entenderse sin el contubernio o la complicidad cínica de las autoridades municipales y estatales: es por ejemplo el caso del robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, latrocinio en el que en el pasado reciente se vieron involucrados altos mandos policiacos del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
Sobra decir que en este sexenio, la hoy llamada Fiscalía General del Estado se ha ocupado como un instrumento de persecución política y que la Policía Estatal ha sido utilizada como una corporación represora de movimientos sociales, mientras la delincuencia, común y organizada, han campeado a sus anchas.
Deudas, más pobreza, retrocesos democráticos, vulneración de la institucionalidad, daño a los derechos civiles y ahora el asentamiento del crimen organizado: ese es el legado del morenovallismo.