Tres hechos ponen en evidencia el grave estado de cosas que se padecen en la entidad. El primero es la intervención arbitraria y autoritaria del gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas en la elección de la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPOD).
El despido de 750 efectivos de la Policía Estatal porque supuestamente no hay fondos para pagar sus pensiones constituye otra acción bastante cuestionable, y el tercero es la ayuda que la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico está brindando a una empresa minera para abrirse paso en Tlapacoya, mediante el ofrecimiento de maquinaria para hacer tortillas y otros insumos a pobladores de ese municipio de la Sierra Norte.
Todos estos asuntos dan cuenta del nivel al que se está llegando en la administración morenovallista, que ha dado una muestra de intolerancia, particularmente en el caso del sindicato de burócratas.
En efecto, el autoritarismo de la administración estatal escala día a día y, al mismo tiempo no se aprecia la intención de cambiar conductas que son en todas formas lesivas del interés público, como destinar millones de pesos a obras frívolas o para financiar programas de televisión, mientras se renuncia o desentiende de tareas primordiales para la sociedad, como garantizar el pago y bienestar de los servidores públicos para que éstos den el trato que se merece a la ciudadanía.