A espaldas de cientos de trabajadores poblanos que han incumplido con pagos a sus créditos de vivienda, el Infonavit promueve demandas en su contra en juzgados al norte del país. A más de mil kilómetros de sus domicilios donde deben ser emplazados, derechohabientes fueron llamados a juicio en edictos masivos publicados en diarios de Saltillo Coahuila, condenándoles a la indefensión bajo un proceso legalmente no factible e imposible de enfrentar.
Hace varios meses en este mismo espacio se aseveraba que el gobierno mexicano, en sus tres niveles, se había convertido en una suerte de enemigo del pueblo, pues lejos de proteger los intereses de los ciudadanos, hacer efectivas sus garantías y ampliar sus derechos, se dedica a perjudicar a la sociedad hasta el punto de vejarla o torturarla para despojarla de sus bienes.
Tristemente uno de los organismos que se pueden incluir con suma facilidad en la categoría de “enemigos del pueblo” es justamente el Infonavit, cuyo origen noble era el de proveer de un hogar a los empleados y se ha vuelto un aparato inquisidor que parece estar jugando a favor de las inmobiliarias.
En efecto: todo hase sospechar que los juicios chicaneros del Instituto no tienen otro propósito que despojar a los derechohabientes de su patrimonio, en vez de buscar una solución para resolver sus moratorias, las cuales son en mucho resultado del modelo neoliberal que ha colocado en niveles de sobrevivencia a la mayoría de los mexicanos.
Es urgente que apenas inicie el nuevo gobierno que presidirá Andrés Manuel López Obrador, se ponga manos a la obra para reformar o verdaderamente regenerar al Infonavit y a otras instituciones en idéntica sintonía.