En un promedio, a la semana la empresa Concesiones Integrales SA de CV, que obtuvo la concesión por 30 años que privatiza el servicio de agua y drenaje en Puebla, ha cortado el servicio de al menos 10 usuarios, violando el Artículo 4, párrafo sexto, de la Constitución Mexicana, según denunciaron integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA), María Eugenia Ochoa, José Luis García y el abogado Omar Jiménez.
En rueda de prensa hicieron un llamado a la ciudadanía a no pagar los servicios de agua y drenaje hasta recuperar este derecho humano.
Para ello, anunciaron organizarán cuadrillas para impedir la suspensión de los servicios, además exhortaron a la ciudadanía a denunciar los abusos y excesos de la empresa.
También pidieron promover juicios de amparo hasta correr a Concesiones Integrales de Puebla.
Asimismo, informaron que pedirán al Congreso local ser incluidos en las mesas de trabajo para la creación de la nueva Ley de Agua del Estado de Puebla, pues afirmaron que cuentan con la propuesta de crear un Consejo Nacional de Cuencas que esté integrado por los tres niveles de gobierno.
La investigadora de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) María Eugenia Ochoa destacó que la empresa ha operado el servicio del agua y el drenaje con falta de transparencia y, por obligatoriedad de un juzgado, tuvo que dar a conocer el convenio parcial del título de concesión; sin embargo, refirió, “no tenemos información fehaciente de la cantidad de dinero que le entregó la empresa al gobierno, ni el activo de SOAPAP a Concesiones”.
Lo anterior, reclamó, a pesar de que se trata de recursos públicos, de la ciudadanía, que nos haría falta para que opere un verdadero sistema de abastecimiento de agua que respete los derechos humanos en Puebla y el área metropolitana.
Actualmente Concesiones Integrales es encargada de suministrar los servicios de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento en Puebla, pero en la práctica esta situación no funciona.
En su lugar, denunciaron que el consorcio –conformado por tres empresas Epccor SA, Ticsa Servicios de Tecnología Intercontinental y Aguas de México SA de CV– se ha dedicado a perseguir, hostigar, amenazas y suspender servicios de manera grotesca y violentando la ley.
Los declarantes citaron el caso de la usuaria Gloria Islas Toxqui, quien relató que el pasado 25 de septiembre se apersonó Rodolfo Valero Espinosa en su domicilio particular de la colonia La Libertad, quien se ostentó como supervisor de la empresa Concesiones Integrales y de manera prepotente amenazó con suspenderle los servicios.
De lo contrario, contaron que el personal de la empresa amagó con cerrarle la llave del agua y la red de drenaje de no pagar por el uso del servicio.
Los activistas expusieron que la mujer exhibió dictamen médico y argumentó que debe estar conectada al tanque de oxígeno y necesita del agua para el aseo personal, el cual es importante para su salud; no obstante, refirieron que a la falta de dinero, al empleado no le importó y le cortó.
Ante estas vejaciones de la empresa, los defensores del agua hicieron un exhorto a la población para que se castigue a Concesiones Integrales con la suspensión definitiva del pago por el servicio, tras argumentar que el acceso al agua es un derecho humano.
A inicio de esta semana, la Asociación Civil “Dale la cara al Atoyac” denunció que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) incurrió en desacato al fallo del Juzgado Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México, al entregar de manera incompleta el contrato que privatiza el servicio del agua en la capital y su área conurbada.
Incluso acusaron que Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla guardó el secreto en lo que refiere a los anexos de extinción de la concesión del servicio del agua, en donde se señalan los montos de indemnización, en caso de abrogarse la privatización.