En definitiva diputados rechazan alerta de género para Puebla

El Congreso local agravará las penas del feminicidio en respuesta a los últimos asesinatos de mujeres registrados en Puebla, pero las bancadas del PAN y el PRI se negaron a pronunciarse en torno a la solicitud que realizaron diputados de oposición y organizaciones sociales a que se declare una alerta de violencia de género para el estado.

El priista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Permanente, justificó la postura de su grupo legislativo, señalando que la alerta provocaría “pánico” en la población.

La diputada del PVEM Geraldine González Cervantes atribuyó la postura de sus compañeros de curul al temor de las autoridades estatales a que se identifique a Puebla como una entidad federativa incapaz de frenar la violencia contra la mujer.


Sin embargo, acotó, la prioridad del gobierno y el Congreso tendría que ser enfrentar la problemática, promoviendo una alerta de violencia de género ante la Secretaría de Gobernación federal que obligue a todas las instancias a actuar.

Este día las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género elaboraron una iniciativa de reforma al artículo 338 del Código Penal, para elevar las penas del feminicidio de cometerse contra una mujer embarazada.

Actualmente el asesinato de una mujer por razón de género se sanciona con una pena de cárcel que puede ir de los 40 a los 60 años; en la propuesta que se presentará mañana a la Comisión Permanente se sugiere un lapso de 50 a 70 años, en caso de que la víctima se encuentre en estado de gravidez.

Las comisiones unidas se rehusaron a someter a votación el punto de acuerdo que presentó la diputada Geraldine González el 2 de septiembre pasado, para solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla iniciar el trámite necesario para que se declare la alerta, por lo que únicamente turnaron el documento al ombudsman Adolfo López Badillo.

Las modificaciones que se plantean al marco normativo de Puebla son una consecuencia de los asesinatos de Iraís Ortega Pérez, Karla López Albert y Paulina Camargo Limón, quienes perdieron la vida a mano de sus parejas sentimentales por continuar con un embarazo en el que ellos no estaban de acuerdo. El cuerpo de Paulina Camargo sigue sin ser localizado.