El TPP predictaminó en Puebla que existe evidencia de represión política del Estado mexicano

En la rueda de prensa que ofrecieron los jueces de la preaudiencia del TPP para dar a conocer el dictamen final, recriminaron la detención de Rosa Medina, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, quien fue encarcelada junto con cinco integrantes más de esta agrupación  ■  Foto Yadira Llaven
En la rueda de prensa que ofrecieron los jueces de la preaudiencia del TPP para dar a conocer el dictamen final, recriminaron la detención de Rosa Medina, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, quien fue encarcelada junto con cinco integrantes más de esta agrupación ■ Foto Yadira Llaven

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México dictaminó que los 12 casos analizados en la ciudad de Puebla evidencian la existencia de diversos mecanismos de represión política utilizados por el Estado mexicano para atacar a quienes luchan por el ejercicio libre y la defensa de los derechos humanos en este país.

El juicio fue con base en los casos presentados de los estados de Puebla, Guerrero, estado de México y el Distrito Federal, de los cuales cinco fueron colectivos y siete individuales.

Asimismo, se concluyó que en la mayoría de los casos se utiliza de manera intencional el sistema judicial mexicano, para perpetuar la impunidad e impedir que las víctimas accedan a la justicia, la verdad y la reparación del daño.


De acuerdo con los casos procesados, se señaló que además existe la innegable corrupción y confabulación entre los tres poderes de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que técnicamente repriman la protesta social en los pueblos de México.

Llamó la atención, determinaron, el uso de los medios de comunicación masiva para criminalizar la protesta, donde se avala y justifica la represión por el Estado, mientras se reconoció públicamente el trabajo de las víctimas, familiares y organizaciones sociales que expusieron los casos ante dicho Tribunal, quienes ejercen el rescate de la memoria colectiva.

Por lo tanto, se hizo un llamado a la comunidad a combatir el olvido, desde la consigna “prohibido olvidar”.

La preaudiencia “Represión por motivos políticos: una estrategia permanente del estado mexicano” se efectuó durante los días miércoles y jueves en el mercado Hidalgo, de la capital poblana, sede de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

En esta ocasión los jueces fueron Beatriz Torres, del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, de la Ciudad de México; Clara Gabriela Meyra Segura, del Centro de Derechos Humano Fray Francisco de Vitoria; Gisela Martínez, de la Red de Radios Comunitarias; David Bermúdez; Omar Castro Rojas, del el Instituto Cultural Cubano–Mexicano “José Martí”; el escritor Fritz Glockner; Alejandro Cerezo, del Comité Hermanos Cerezo; Roberto González Gil, del Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, y Soila Luna.

De los 12 casos presentados, tres fueron poblanos: La represión contra la unión de vendedores 28 de Octubre, la detención y desaparición de Fermín Mariano Matías, y del dirigente comerciante Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”.

Los jueces señalaron que los tres casos reúnen las características que exige el Tribunal en Roma para ser aceptados para documentar la represión en México, por lo que confían en que se emita una responsabilidad al gobierno federal por la violación a los Derechos Humanos.

En la rueda de prensa que ofrecieron los jueces de la preaudiencia del TPP para dar a conocer el dictamen final, recriminaron la detención de Rosa Medina, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, quien fue encarcelada junto con cinco integrantes más de esta agrupación en el penal de Texcoco, estado de México.

Informaron que los acusan supuestamente de haber robado a una ambulancia, el 3 y 4 de mayo de 2006.

Por lo tanto, señalaron que ahora que desde Puebla se hace el ejercicio del rescate de la memoria represiva en México, el Estado reprime a una dirigente social y reactiva una orden de aprehensión siete años después.

“El Estado tiene memoria y la ocupa para seguir reprimiendo al pueblo organizado”, finalizaron.