El papel de la Suprema Corte / I de II

Quizá durante mucho tiempo hayamos pensando que la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la de proporcionar justicia, entendida ésta en su dimensión ética, en todos aquellos casos sometidos a su consideración, guiándonos ideal y elementalmente en que tal vocablo forma parte de la denominación que distingue a éste órgano del Estado. Sin embargo, conociendo las resoluciones que ha tomado en asuntos de trascendencia para la sociedad mexicana como el anatocismo, la reforma constitucional en materia indígena, el proceso electoral 2006, Atenco, caso Marín–Cacho, la violencia de Ulises Ruiz, militarización de la seguridad pública y, lo más reciente, el fuero militar y el caso Acteal, por citar algunos de los más significativos; habrá que coincidir con lo dicho por el Ministro Aguirre Anguiano: ¡nada más falso!

Debemos repensar entonces cuál es el papel que aquí y ahora está jugando la Corte como institución pues resulta evidente que sus decisiones judiciales forman, y conforman, parte esencial de la conducción política por la cual se lleva a nuestro país.

Con el tiempo, desde los ámbitos del poder real, se ha venido pervirtiendo la teoría de la separación de poderes sostenida por el Barón de Montesquieu, quien la propuso como una forma de quebrar el poder omnímodo que se concentraba en los reyes o monarcas de la Francia de su tiempo; y que hoy se nos presenta como la formula ideal para lograr supuestos equilibrios y contrapesos entre los poderes de un estado, cuyo fin sería contener los excesos en el ejercicio del poder.


Las resoluciones emitidas por la Corte en tales asuntos demuestran fehacientemente que, pronunciadas bajo formato de sentencia y utilizando lenguaje jurídico, tienen el mismo sentido objetivo que sendas decisiones políticas que al respecto ha tomado otro de los poderes: el Ejecutivo. Que en todos los casos ha existido un interés político–económico del grupo de élite, oligárquico, que se ha apoderado de las riendas del Estado mexicano y, mediante su uso, ejerce control absoluto sobre la vida social en nuestro país.

Declaró legal el anatocismo para favorecer al sistema bancario, avaló una reforma constitucional permisiva de la paulatina supresión de las relaciones indígenas de propiedad de la tierra, “legalizó” una elección de estado mediante el Tribunal Electoral, sus investigaciones dieron pauta para solapar la violencia de los gobernantes y avaló el castigo a la protesta social. Las últimas resoluciones que la Corte dicta en estos días, siguen exactamente el mismo patrón.

La sociedad ha cuestionado mediante procedimientos legales, la militarización de la seguridad pública impuesta por decreto del Ejecutivo federal, invocando el artículo 129 Constitucional que literalmente dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar; a este reclamo la Corte ha respondido que la presencia militar en labores de seguridad pública no viola la Constitución porque no se realiza en forma directa sino sólo de manera subsidiaria. Es decir que no hacen labor de policía sino que ayudan a ésta. El efecto objetivo de esta resolución de la Corte es que la política militar del ejecutivo se mantiene.

Esa militarización de la seguridad pública ha generado en todo el país una enorme cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos atribuídas a militares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ratificado públicamente la existencia de tales violaciones y la autoría de militares en su comisión. Felipe Calderón, impulsor de la salida de los militares a las calles, dice que no las hay; pero que cuando se llegan a presentar, los agresores son castigados por la justicia militar.

Esta situación motivó que mediante un amparo promovido recientemente, se cuestionara el llamado fuero militar; es decir que militares juzguen a militares. Invocando el contenido del artículo 13 de la Constitución que dice: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.” En estos casos, por tanto, lo que está a discusión de fondo es qué tribunal es competente para procesar y juzgar a los militares: militar o civil. ¿Qué hizo la Corte? Como el amparo fue interpuesto por los familiares de víctimas de homicidio atribuído a soldados, decidió desechar el amparo bajo el argumento de que los deudos tienen derecho a exigir la reparación del daño proveniente de delito pero no el de cuestionar la competencia del tribunal, pues eso sólo corresponde al Ministerio Público.

Hasta ahora, los abogados sabemos que la competencia de los tribunales es un presupuesto procesal de orden público, que se debe estudiar de oficio antes que cualquier otra situación procesal pues ello es requisito de validez de la actuación del tribunal. De modo que tratándose de una competencia establecida por la Constitución el argumento de la Corte, más que ser discutible, corre el enorme riesgo de ser considerado absurdo. Esta decisión de la Corte para no estudiar el amparo se traduce en mantener intacto el fuero militar.

Y finalmente el caso de la matanza de Acteal, Chiapas, donde en ejercicio de una nebulosa facultad de atracción, la Corte se quita la toga de tribunal de control constitucional y se pone la de tribunal de legalidad para examinar los vicios de procedimiento tales como obtención de declaraciones falsas y fabricación de pruebas por parte de la Procuraduría General de la República, con base en los cuales determina que a los presuntos autores materiales del homicidio de indígenas no se les siguió debido proceso y ahora quedan libres.

Ha dicho el Ministro José Ramón Cossío: “que queden en libertad no prejuzga sobre si son inocentes o no”. Bajo esta no muy ortodoxa consideración, ahora lo cierto será que hubo 45 indígenas muertos pero, también, que por ello tal vez no haya culpables. ¿Cómo explicar éste papel de la Corte?. Es claro que si seguimos pensando que la Corte ministra justicia, o que controla los excesos de los otros poderes o es la garante del control de la Constitución, nuestra percepción seguirá siendo incompleta y, por tanto, no lograremos descifrar el real y verdadero papel que desempeña como institución.