La fracción parlamentaria de Morena presentó en el Congreso de Puebla una nueva Ley de la Comisión de Derechos Humanos que incorpora el concepto de “violencia institucional”, con el fin de combatir la detención arbitraria, la brutalidad policiaca y la criminalización de la protesta social que caracterizaron a los gobiernos estatales del PAN.
Esta iniciativa es una secuencia del anuncio que hizo el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, sobre la defenestración del actual ombudsman Adolfo López Badillo, quien puede ser considerado el hombre con el peor desempeño en el cargo en toda la historia del organismo.
Cuando López Badillo fue propuesto para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, su currículum hacía suponerlo como persona idónea para el puesto, pero a las primeras de cambio dio sobradas muestras de que su compromiso no estaba en la defensa de las garantías universales sino en el servicio absoluto a los intereses del fallecido ex gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.
El caso Chalchihuapan y la persecución y encarcelamiento de casi cuatro centenas de poblanos y poblanas por motivos políticos son posiblemente los dos casos que desnudaron la complicidad de López Badillo con la represión del morenovallismo, pues la Comisión fue incapaz de emitir ya no una queja sino un simple pronunciamiento por los cientos de transgresiones perpetradas en contra de los ciudadanos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Este periodo oscuro no debe repetirse jamás en Puebla y por eso es necesaria una ley como la que proponen los morenistas.