Dentro del Poder Judicial pocos son los que dudan que desde ahí se está promoviendo una revuelta para buscar la caía de Héctor Sánchez Sánchez como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y muchos voltean a ver al magistrado Alberto Miranda Guerra, junto con un importante grupo de jueces, como los que podrían estar atrás de la estrategia de provocar una pronta renovación de la cabeza del TSJ.
El propio Héctor Sánchez en una rueda de prensa que improvisó el martes, un día después de que fue exhibido en un desplegado en el periódico El Universal –donde se narran algunos de los excesos que estaría solapando en el TSJ–, reconoció que los ataques vienen desde el interior del Poder Judicial.
Con ello el magistrado presidente acabó exponiendo su alto grado de vulnerabilidad, pues se dice que miembros del TSJ tienen suficiente material para seguir haciendo filtraciones y debilitar la imagen de Héctor Sánchez, quien quedó desprotegido políticamente luego de la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas.
Ahora lo relevante es saber: ¿quién o quiénes se podrían beneficiar por una muy probable salida de Héctor Sánchez de la titularidad del Poder Judicial?
Cuando se plantea tal interrogante, algunos integrantes del TSJ de inmediato dirigen sus miradas a la figura del presidente de la Quinta Sala Unitaria de lo Penal, Alberto Miranda Guerra, no solamente por la falta de afinidad que tiene con Héctor Sánchez, sino porque este magistrado desde hace algunos años no ha ocultado su deseo de llegar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y en la actual coyuntura, parecería que hay varias condiciones que le favorecen.
Resulta que por un lado, Miranda Guerra estaría reclamando el pago de favores del morenovallismo, y por otro lado, se siente muy cercano al gobernador interno, Guillermo Pacheco Pulido, además de contar con el respaldo de jueces –que enfrentan problemas en su desempeño– y del presidente del Ilustre Colegio de Abogados, José Alberto Domínguez Martínez.
Miranda Guerra ingresó al Poder Judicial poblano en el año 1994 y durante los gobiernos de Melquiades Morales Flores y de Mario Marín Torres, fue un juez muy cercano a Guillermo Pacheco Pulido, en los periodos en que este último fue presidente del TSJ.
Años más tarde, habría ofrecido un alto favor al morenovallismo, del que dicen siempre ha estado reclamando que le recompensen.
A finales del año 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 2VG/2014, en la cual pedía que se procesara a los responsable del asesinato del niño de 13 años de edad, José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió en la represión que el gobierno morenovallista desató contra el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan. Como parte del cumplimiento de esa observación, el Poder Ejecutivo permitió que se enjuiciara a un grupo de policías que participaron en ese trágico suceso.
El asunto no escaló a mayores debido a que en una sala del TSJ se emitió una resolución en la cual se determinó que la muerte del niño Tehuatlie no había sido por un homicidio doloso, sino imprudencial. Eso permitió que los policías involucrados enfrentaran un proceso penal menor.
Los tres magistrados que hicieron ese cambio fueron Maricela Martínez, José Ramón Morales y Alberto Miranda Guerra.
Curiosamente José Ramón Morales, desde hace algunos meses, se promueve para ser candidato a la presidencia del TSJ, en caso de que pronto haya una renovación de ese cargo.
Y lo mismo pasa con Alberto Miranda Guerra desde hace algunos años.
Ambos parecen sentirse respaldados por los magistrados que lograron llegar a esa responsabilidad de la mano del morenovallismo, que son la mayoría de los integrantes del TSJ.
A nadie se le debe olvidar que Rafael Moreno Valle Rosas fue el gobernador que más cambios provocó en el Poder Judicial, luego de que a varios magistrados se les obligó a adelantar su jubilación o se les presionó políticamente para que renunciaran.
Otra razón por la cual muchos voltean a ver Alberto Miranda es porque muchos jueces que enfrentan investigaciones o llamados disciplinarios se habrían acercado a este magistrado, para buscar cobijo y no ser removidos.