Besos que vienen riendo, luego
llorando se van, y en ellos se va la vida, que nunca más volverá.
Miguel de Unamuno
Primero con la firma del Pacto por México (2/12/2012) y luego con la promulgación del Decreto por el que “se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones” (10/06/2013), las expectativas respecto a un cambio de fondo en el sector, se elevaron hasta el infinito y más allá.
Sobre todo porque cada vez que se ha intentado acotar el poderío fáctico de los grupos económicos que controlan el sector, éstos terminan imponiendo su ley.
Después de las elecciones de 2006, que, además de dejar la gallera más que alborotada, puso de manifiesto que los medios –subsidiados con miles de millones de pesos provenientes del erario, a través del IFE y los partidos políticos– eran capaces de manipular los procesos electorales y chantajear a sus principales personajes.
Esto alentó una inusitada unidad partidista para enfrentar al omnímodo poder mediático. De esa histórica y coyuntural alianza resultó la reforma electoral que impide a partidos y candidatos negociar y comprar directamente tiempo–aire para sus campañas y actividades políticas.
Pasado el berrinche de los empresarios y “periodistas” afectados en sus carteras, pronto se las arreglaron para disfrazar sus tranzas. Esto quedó en evidencia con la intensa y truculenta promoción de la imagen del entonces aspirante a la presidencia, Enrique Peña Nieto, y quienes han seguido sus pasos impunemente.
Por eso sorprendió que el 1 de diciembre de 2012, en su discurso de toma de posesión presidente como la República, EPN anunciara el envío de un paquete de reformas para propiciar mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones y se pronunciara por la licitación de dos nuevos canales de televisión abierta y por el derecho de acceso a la banda ancha. Al día siguiente, con la firma del Pacto por México, sus intenciones se convirtieron en compromisos.
Y hace unos días el propio EPN envió al Senado de la República su propuesta de leyes secundarias de la Ley Federal de Telecomunicaciones que, como era de esperarse, suscitaron las más encontradas opiniones. Está claro que se ha abierto el debate y que las próximas semanas los encontronazos y descalificaciones estarán a la orden del día.
Para empezar, los dirigentes del PRD, Jesús Zambrano, y del PAN, Cecilia Romero, expresaron en una declaración conjunta su rechazo a las propuestas presidenciales, por considerar que no se corresponden con las reformas constitucionales y son, por lo mismo, un grave retroceso.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) envió una circular a sus agremiados en la que sostiene que la iniciativa representa “nuevas y severas cargas” para la industria, porque agregan obligaciones y limitaciones adicionales a las ya vigentes; imponen una sobrerregulación y la evaluación subjetiva de los contenidos y de la propia información noticiosa que conllevan el “riesgo de intromisión a la independencia editorial”.
El ex priista, luego panista y ahora abogado patronal disfrazado de senador, Javier Lozano, se erigió como experto en la materia y descalificó a quienes no comparten su gusto por la iniciativa. Alega que la critican sin siquiera haberla leído. Claro, el no necesita leer para saber dónde saca el mayor provecho. Y como usted bien sabe… el león cree que todos son de su condición.
Otro prócer de la patria, Francisco Gil, ayer secretario de Hacienda de Vicente Fox y hoy presidente de Telefónica México (Movistar, principal competidor de Telcel) aseguró que la iniciativa es “un gran paso para consolidar un mercado competitivo y fuerte”.
En sentido contrario (hola Marcelino) la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) declaró: “Con un atraso de más de cien días, hoy se recibió en el Senado de la República la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión por parte del Ejecutivo Federal. Una ley que según la disposición constitucional debió estar aprobada desde el 9 de diciembre de 2013”.
Y sostiene que pervierte la reforma constitucional porque “El eje de la propuesta está muy alejado de la finalidad que le dio origen, es decir, satisfacer los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho se acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como las condiciones para una efectiva competencia en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Ni siquiera existe una definición expresa sobre su naturaleza como servicios públicos de interés general”.
Lo dicho, las antagónicas posturas frente a la iniciativa presidencial derramarán tinta y saliva a granel. Las habrá apasionadas, convencidas y convincentes e interesadas y triviales. Pero, no se olvide ni se maree. Este es un debate esencialmente político y todas las fuerzas interesadas echarán la carne al asador.
Ya dije que las experiencias no son alentadoras. El duopolio televisivo, especialmente Televisa, juega fuerte, sin medida ni clemencia. Presionan, amenaza y chantajea ¿Volverá a imponer sus intereses particulares sobre los generales? ¿El gozo se irá al pozo? Hagan sus apuestas, señores.
Cheiser: “En el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”, reza la resolución del Tribunal Constitucional español que da un espaldarazo al neofranquista Mariano Rajoy, en su disputa contra el pueblo catalán en lucha por su independencia. Democracia, cuantos disparates se cometen en tu nombre.