El gobierno federal y Deslec mienten sobre consulta a pueblos para instalar hidroeléctrica

Vecinos del municipio de San Felipe Tepatlán en contra de la Hidroeléctrica

El Consejo Tutunakú en Defensa del río Ajajalpan, denunció que la Secretaría de Energía (SE), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y la empresa Deselec Comexhidro, han mentido al asegurar que los pueblos que serán afectados por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 fueron consultados y aprobaron su realización.

Los representantes de la organización, que aglutina principalmente a vecinos del municipio de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, localidades ubicadas en la Sierra Norte de Puebla, ofrecieron ayer una rueda de prensa desde el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), acompañados por María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (Imdec); Ana Paula García, del Consejo Tiyat Tlali; Francisco López Bárcenas, de la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Histiria (INAH); Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

Los agraviados leyeron un boletín en el que aseveraron que: “En el municipio poblano de San Felipe Tepatlán la empresa Deselec Comexhidro pretende construir el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, afectando los derechos del pueblo tutunaku que habitamos en este municipio, así como en los municipios vecinos de Ahuacatlán y Tlapacoya. Desde hace dos años la empresa llegó a nuestras comunidades, diciendo que traería empleos y progreso a nuestro pueblo. A partir de entonces ha generado división en nuestras comunidades.


“Por otra parte la empresa nunca realizó en nuestro municipio una asamblea comunitaria donde informara en qué consiste su proyecto hidroeléctrico. Nunca se nos informó que la electricidad que pretende generar nos es para abastecer a las comunidades sino para beneficiar a grandes empresas como Nuevo Walmart de México, Suburbia, Operadora Vips, Waldos Dólar, Colchas México y a una particular ileana Jinich Mekler, familiar de uno de los accionistas de Comexhidro.

“También sabemos que no pretende construir una mini hidroeléctrica como ha querido presentarlo, sino que de un proyecto hídrico de gran escala que busca generar 60MW de electricidad, una cortina de 42 metros de altura que modificaría el causal del rio Ajajalpan hasta ocho kilómetros, generando graves impactos como la inundación de zonas de cultivo; el uso de explosivos para la construcción de túneles pone en riesgo los manantiales. Como consecuencia nuestros derechos al agua, la vida, al territorio, a la salud, la alimentación, la cultura y a nuestro propio desarrollo serán gravemente violados.

“La construcción del proyecto traerá consigo graves daños para nuestra supervivencia cultural. Estamos preocupados pues el río Ajajalpan nos ha alimentado por muchos años, cerca del río hay plantas que usamos para curarnos, y sobre su cauce tenemos lugares que son sagrados para nosotros. Las montañas que lo rodean son sagradas pues en ellas nacen los manantiales que dan el agua que es vida, es allí donde realizamos algunas celebraciones para pedir y agradecer a nuestro padre creador por el agua y el alimento.

“El día 24 de abril aproximadamente 300 habitantes de la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán y de la comunidad de Altica acudimos a una reunión convocada por el presidente municipal, en la que estaban presentes el señor, Emilio de León Blanco de la Secretaría de Energía, personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la empresa Deselec Comexhidro.

“Después de esperar cuatro horas, nos percatamos que a esa reunión le llamaban consulta. Estos señores llegaron y sin más explicación nos dijeron ‘pasen a firmar y después a comer’ creyendo que por estar cansados y con hambre por la espera, caeríamos en su trampa y firmaríamos como si hubiéramos aceptado el proyecto hidroeléctrico. Después de reclamarles su falta de respeto hacia nosotros el pueblo tututnaku, expresamos nuestro rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico y reclamamos que eso que ellos llaman consulta era un engaño pues ni siquiera habían invitado a todas las comunidades que sufrirían las consecuencias del proyecto como la comunidad de La Guadalupana.

“Les exigimos que se fueran y que dejaran de engañarnos manifestando que no queremos ningún proyecto que dañe nuestra vida, nuestro territorio. Ese mismo día supimos que habían realizado otra simulación de consulta en la comunidad de Xochimilco llevando unas cuantas gentes de Altica y San Felipe.

“Ante lo sucedido, el 14 de junio, el Consejo de Comunidades Tutunaku en defensa del río Ajajalpan convocó a una Asamblea Comunitaria con la participación amplia de habitantes de las comunidades de la cabecera municipal de San Felipe, Altica, La Guadalupana, Pachoc, San Miguel, San Martín, Kalapana, África, Xochimilco, Xochicugtla.

“A esta asamblea invitamos a organizaciones especializadas en impactos de megaproyectos a derechos humanos y que han acompañado procesos de defensa territorial en la Sierra Norte y otras regiones del país. En esa asamblea comunitaria se decidió rechazar el proyecto hidroeléctrico firmando más de mil personas y pleno ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía, consagrado en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.

“Denunciamos que no se ha realizado un proceso de Consulta a nuestro pueblo indígena tutunaku respetando lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ni siquiera a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, pues en ningún caso se trata una consulta previa ya que se han otorgado varios permisos por el gobierno, como la autorización de impacto ambiental y el permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica; tampoco ha sido una consulta libre ni informada, pues ha habido compra de voluntades por parte de la empresa aprovechándose de la necesidad de algunos pobladores, se ha ocultado y falseado información. La empresa ha tenido un papel protagónico en el proceso como si se tratase del sujeto consultante, lo cual es contrario a lo que marcan los criterios internacionales. De tal suerte, que esta falsa consulta lo que busca es cumplir con un trámite para validar el proyecto y no busca garantizar nuestros derechos como pueblos indígenas. De ahí que hemos optado por el ejercicio de nuestra autodeterminación y no someternos un procedimiento viciado desde su origen”.