El FMI insiste en más de lo mismo y al parecer el nuevo gobierno le hará caso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reporte Perspectivas para las Américas: una recuperación más difícil, señala que el nuevo gobierno debe mostrar “un compromiso claro con la responsabilidad fiscal y con la reducción sostenida del coeficiente de deuda pública para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera”. Ante ello, uno se pregunta ¿responsabilidad fiscal para quién?, pues para el FMI, así como para los dueños del dinero, consiste en que el gobierno trabaje con superávit fiscal, donde el gobierno gasta menos que sus ingresos. Ello está encaminado tanto a reducir la participación del Estado en la economía y para cubrir el pago de la deuda, para que no salgan afectados los acreedores. Tal política se ha venido instrumentando desde la crisis de 1982, y nos ha llevado a que el Estado tenga menos empresas públicas, con la consecuente privatización de los sectores estratégicos y prioritarios de la economía y a la creciente privatización de los servicios públicos. Ello ha actuado contra la dinámica económica, como contra la generación de empleo y las condiciones de vida de las grandes mayorías de la población y ha recrudecido la desigualdad del ingreso y la riqueza en el país. A pesar de la “responsabilidad” fiscal, no se ha conseguido la estabilidad macroeconómica y financiera buscada. Persisten las presiones sobre las finanzas públicas, como sobre el sector externo, por lo que continúa aumentando la deuda pública interna y externa. El sector bancariofinanciero gana lo que quiere, pero ha sido disfuncional al crecimiento económico, por las altas tasas de interés y comisiones que cobra.

La política de recorte presupuestal que ha predominado y que el FMI insiste en que se mantenga, ha disminuido significativamente la inversión pública. De estar en niveles de 10.1 por ciento del PIB en 1981, actualmente está en 3 por ciento del PIB, lo que ha llevado a la privatización de la infraestructura, como a la creciente descapitalización y privatización del sector energético, así como a relegar el desarrollo tecnológico en el país, lo que nos pone en desventaja competitiva en el entorno internacional y nos condena al atraso.

En el reporte antes señalado, el FMI resalta la incertidumbre que existe en la economía nacional en relación a cómo quedará el vínculo comercial con Estados Unidos (EUA) ante la falta de acuerdo en la renegociación del TLCAN. Al respecto cabe señalar que ello está llevando al que será el nuevo gobierno a aceptar la postura de Donald Trump de acelerar las renegociaciones para que se llegue a firmar dicho acuerdo lo antes posible. Ello por un lado favorecería al presidente de Estados Unidos para anunciar a su país que logró un acuerdo satisfactorio para sus trabajadores, como para reducir el déficit de comercio exterior y para impulsar su crecimiento económico, lo que le traería votos al Partido Republicano en las elecciones de noviembre donde habrá elecciones legislativas en dicho país. Por el lado de México, supuestamente eliminaría la incertidumbre existente, para generar expectativas “positivas” para que se retomen las inversiones, y se mejoren los grados de inversión de las calificadoras internacionales que favorecería al nuevo gobierno. Sin embargo, lo que sería bueno para Estados Unidos, no actuaría en beneficio de México. Hay que recordar la posición mostrada por Donald Trump, de demandar comercio justo, lo que para él implica reducir el déficit de comercio exterior que tiene con México, lo que de llegar a un acuerdo en el TLCAN, será porque Estados Unidos impuso sus condiciones, lo que llevará a México a ver reducidas sus exportaciones hacia dicho país y a incrementar sus importaciones de origen estadounidense, lo que disminuirá el superávit de comercio exterior que tenemos con EUA. Ello traerá consecuencias negativas sobre la economía nacional debido a que se incrementaría el déficit de comercio exterior total (dados el déficit que tenemos con China, con el resto de Asia, como con Europa), lo que afectará el crecimiento económico, por lo que la incertidumbre sobre el panorama económico, en vez de mejorarse, puede empeorar, por lo que no se dará el crecimiento de la inversión buscado.


El propio FMI reconoce que se espera se debilite la demanda interna como resultado de que se “ha suspendido el ciclo de flexibilización de la política monetaria”. Es decir, las alzas de la tasa de interés que se están dando, encarecen el crédito, lo que disminuye inversión, consumo y gasto de gobierno y por lo tanto la demanda. De ahí la responsabilidad fiscal que el FMI debe recomendar debe ser de expansión del gasto público, para incrementar demanda y así contrarrestar la caída de demanda que se deriva del alza de la tasa de interés. Y de igual forma, ante el clima de incertidumbre que se deriva de cómo quedará el TLCAN, se debe recomendar crecer en torno al mercado interno, lo que requiere de expansión del gasto público para incrementar empleo y el mercado interno, para así sustentar una dinámica endógena, menos vulnerable al contexto internacional.