El derecho de los derechos humanos

Al decretar leyes desde arriba y no construirlas desde abajo (…) legalizan la exclusión:

quitan a la sociedad civil de su vocación política para la producción de leyes”.

Mariana Celorio


El pasado 11 de junio de 2018, se cumplió un aniversario más de la reforma constitucional en México, respecto a los derechos humanos, que complementó una serie de transformaciones constitucionales que finalizaron con la que corresponde a la del 11 de junio de 2011. Desde luego que para la gran mayoría esa reforma constitucional fue tema de alegría, al considerar que las instituciones del Estado mexicano deben respetar –es decir no hacer– y garantizar  –obligaciones del Estado de hacer– los derechos fundamentales; por ende, la razón de ser de estas instituciones estatales versa sobre esas dos tareas.

A ocho años de esa reforma, habría que evaluar si se ha cumplido con el respeto y garantía de los derechos humanos. Sin embargo, nos tropezamos con un problema grave que ha suscitado la confusión entre derechos y privilegios, como lo sostiene el profesor Roberto Gargarella: “El gobierno está confundiendo, indebidamente, derechos con privilegios. Un privilegio es una ventaja que el gobierno otorga, de acuerdo con el marco de sus posibilidades (…) Un derecho, en cambio, es algo diferente. Si yo tengo un derecho, el gobierno no puede retirarse a pensar si me lo ‘concede’ o no” (Gargarella, Roberto. Carta abierta sobre la intolerancia. Buenos Aires: Siglo XXI, 2006).

Pues bien, el Estado considera cada cambio de ley, así como la creación de nuevas instituciones, lejos de un cumplimiento a la ley, un privilegio que se está otorgando a la sociedad, como es el caso de las acciones que tienden a otorgar derechos sociales, como son de salud, educación, vivienda, empleo. Por tanto, más que verse como el cumplimiento de sus cometidos, en realidad, desde las instituciones del Estado, se observan como dádivas que se otorgan a la población y, en el caso de las resoluciones o sentencias que los tribunales dictan concediendo la razón para respetar los derechos humanos, estas muchas veces tienen el problema de su esterilidad, es decir, que se convierten en resoluciones judiciales difíciles de cumplir o no se les da el respeto suficiente por parte de las instituciones de la administración pública, acusando, esta, incompetencia, inoperancia, falta de recursos, etcétera, como bien lo sentencia el profesor R. Rabinovich: “Las decisiones judiciales muy bonitas, pero que no solucionan el estado de cosas ilícito que existe, tampoco sirve” (Rabinovich–Berkman, Ricardo. ¿Cómo se hicieron los Derechos Humanos? Buenos Aires: Ediciones Didot, 2017).

Esa confusión entre derechos y privilegios también se presenta en los ciudadanos, es decir no es exclusivo de las instituciones estatales; por ende, nos topamos con que las exigencias por los derechos que a veces hace la sociedad en el camino se pierden y olvidan, porque se considera  –y se va trabajando por las instituciones estatales– que en realidad se trata de privilegios y no de derechos. Por lo tanto, la intensidad en los reclamos, denuncias y demandas se va aminorando y, al final, la exigencia queda en simples reclamos que no llevan a nada.

Esto es lo que esta sucediendo actualmente con el incremento de la inseguridad pública, la pérdida de empleos, el aumento de los grupos delincuenciales, la llamada delincuencia organizada, el narcotráfico; realidades frente a las cuales los ciudadanos lo único que exigen, como respeto y garantía de sus derechos, es la seguridad pública, cuando esta no es particularmente un derecho; y por tanto, nos quedamos, para el cumplimiento de nuestros derechos, con la simple creación de mecanismos de vigilancia pública, en vez del cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales. Por tanto, pareciera que la reforma constitucional de los derechos humanos, en muchas de las regiones de México, se ha quedado con el simple cumplimiento de incrementar mecanismos de seguridad pública y, así, la población se conforma con las cámaras de vigilancia, patrullas, cabinas de seguridad, etcétera. Todo lo cual, finalmente, lejos de respetar y garantizar los derechos humanos, lo que hace es lo contrario, deteriorar aún más los derechos de libertad, intimidad, privacidad, autonomía de los ciudadanos. Por ello, a ocho años de esa reforma constitucional, falta mucho por hacer efectivo el derecho de los derechos humanos.