El déficit fiscal, palabra prohibida en el tercer debate

Los conductores del tercer debate de los candidatos presidenciales, les preguntaban de cómo lograrían sus objetivos de expansión de la inversión y de mayores gastos sociales. Todos coincidían en disminuir y reestructurar el gasto corriente e incrementar la inversión pública, sin necesidad de aumentar impuestos. Uno de los candidatos, siguió con su discurso de que el principal problema del país es la corrupción, y que el combate a ésta permitiría incrementar el gasto público a favor de la infraestructura y las regiones marginadas. Cabe señalar que dicha política sería redistributiva, pues lo que hasta ahora ha favorecido a los funcionarios públicos corruptos encargados de las licitaciones y adquisiciones, de lograrse erradicar dichas prácticas, permitiría al gobierno mayores recursos para incrementar la inversión pública, manteniendo la austeridad fiscal. Sin embargo, el crecimiento económico no se potenciará, pues lo que dejarán de gastar los corruptos, lo gastará el gobierno y no habría incremento adicional del gasto total. El crecimiento requiere más gasto público. La economía tiene déficit de comercio exterior, lo que refleja que las importaciones desplazan a la producción nacional, afectando los ingresos de las empresas y la generación de empleo, y su capacidad de inversión y consumo. Si a eso sumamos que la política proteccionista de Estados Unidos disminuirá las exportaciones de México, se acentuará el déficit de comercio exterior y con ello caerán más los ingresos de empresas e individuos y la actividad económica. De mantener el gobierno la disciplina fiscal, no contrarrestará la caída de exportaciones, ni la disminución de la inversión privada y el consumo de las familias, sino acentuará los problemas financieros del sector privado y de las familias, y no tendrá capacidad de incrementar la inversión, ni la productividad, ni la capacidad productiva para disminuir el déficit de comercio exterior e incrementar los efectos multiplicadores internos a favor del crecimiento económico y del empleo. Ni tampoco podrán cumplir con el alza de los salarios prometidos.

Las finanzas públicas enfrentan presiones como consecuencia de los altos niveles de endeudamiento. Las presiones sobre el tipo de cambio, como el alza de la tasa de interés externa e interna, aumentan el costo del servicio de la deuda externa e interna, y por ende llevarán al déficit público. Al insistir todos los candidatos en mantener la disciplina fiscal (es decir, igualar los gastos al nivel de los ingresos), tendrán que contrarrestar los mayores gastos del servicio de la deuda con restricción del gasto e inversión pública, por lo que no cumplirán con los objetivos buscados, y menos porque la mayoría de ellos han señalado que no aumentarán impuestos.

Ningún candidato analiza que ha significado la disciplina fiscal predominante, ni sus consecuencias y resultados en el país. Por más que los gobiernos han priorizado el equilibrio fiscal y la reducción de la deuda pública a través de contraer gasto e inversión pública y con la venta de empresas públicas, no han conseguido tales objetivos. La cúpula empresarial se ha favorecido con dicha política, debido a que ha adquirido las empresas públicas y ha pasado a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Es decir, se ha reducido el tamaño y participación del Estado en la economía, y se ha incrementado la presencia de la cúpula empresarial, acentuando ello la desigualdad del ingreso y de la riqueza, y ha frenado el crecimiento económico.


En diciembre de 2012, a inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda pública era 34 por ciento del PIB, ahora está en niveles de 53 por ciento. Es decir, se ha incrementado en 19 puntos porcentuales, a pesar de que se ha trabajado con superávit fiscal, donde los ingresos públicos son superiores a los gastos, excluyendo el pago de la deuda, que al incluirlo se termina con déficit público financiero. La menor inversión pública acentúa los rezagos productivos, baja productividad y competitividad. Ello mantiene las presiones sobre el déficit de comercio exterior, frena la actividad económica y afecta la captación tributaria.

El déficit de cuenta corriente aumenta la emisión de deuda pública para hacer frente a dicho déficit. Se evidencia la inconsistencia de la política de austeridad fiscal para disminuir las presiones sobre las finanzas públicas, como sobre el sector externo, y para reducir el monto de la deuda pública.

El propio Fondo Monetario Internacional que siempre se opuso al gasto público deficitario, en trabajos recientes pasa a recomendar dicho gasto para impulsar el desarrollo tecnológico necesario para incrementar la productividad y la dinámica económica, ya que ello no sería inflacionario. La economía nacional cuenta con capacidad ociosa en muchas ramas industriales y con desempleo y subempleo, por lo que el gasto público deficitario no sería inflacionario, ni generaría fuertes presiones sobre el sector externo, debido a que habría capacidad productiva para hacer frente al mayor gasto público. Al reactivarse la economía, se mejorarían los ingresos de empresas e individuos y la recaudación tributaria, lo que reduciría el déficit fiscal impulsor del crecimiento. Los tomadores de decisiones, en vez de quedar bien con los mercados financieros internacionales, que son los que demandan finanzas sanas, deben responder a satisfacer las demandas de empleo y bienestar de la población, y dejar de lado sus concepciones de equilibrio fiscal que frena el crecimiento.