El Congreso del estado, el principal cómplice del autoritarismo de RMV

pue-08
Entre las reformas avaladas por el Congreso que surgieron como iniciativa de Rafael Moreno Valle se encontró una modificación legal que suprimió los delitos de difamación y calumnia del código penal, para perseguirlos por la vía civil como “daño moral”, lo que especialistas interpretaron como un ataque a los medios de comunicación ■ Foto José Castañares

Rafael Moreno Valle Rosas impulsa desde su arribo a la gubernatura del estado una estrategia para centralizar el poder en la que ha sido fundamental el papel de la LVIII Legislatura del Congreso local, la cual ha aprobado reformas y emitido resoluciones con las que cedieron al mandatario local el control del Poder Judicial y de los órganos autónomos y descentralizados, e intentaron someter a la crítica, golpeando a los medios de comunicación y a los adversarios políticos del mandatario.

Esas acciones legislativas se hicieron acompañar con otras modificaciones a la ley que incrementaron la capacidad coercitiva y de espionaje del Estado. Mientras una de éstas dio facultades a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para intervenir comunicaciones privadas y catear domicilios sin orden judicial, otra más dio atribuciones a la Secretaría de Finanzas para la apertura forzada de inmuebles en caso de embargo.

La Jornada de Oriente presenta a continuación un recuento de 25 reformas, puntos de acuerdo y resoluciones avaladas por el Congreso del estado que consolidaron el proyecto político de Moreno Valle, quien se comprometió en campaña a garantizar la división de poderes para terminar con la corrupción que achacó a los gobiernos priistas como candidato de oposición en 2010.


En los dos años cuatro meses que lleva la administración estatal, Moreno Valle envió al Poder Legislativo alrededor de 130 iniciativas de decreto, de las cuales 77 implicaron modificaciones al marco normativo del estado, de acuerdo con información que se encuentra disponible en la página de internet del Congreso.

Las iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo del estado no fueron las únicas que respondieron a los intereses de su titular, ya que los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) cercanos a su grupo político han promovido por lo menos tres proyectos legislativos polémicos en los que se identificó la mano de Moreno Valle.

 

Herencia marinista

 

Del total de proyectos presentados por el mandatario local los diputados locales avalaron 90 por ciento, proporción similar a la registrada en la administración de Mario Marín Torres, durante las LVI y LVII Legislatura.

A diferencia de los periodos en los que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue mayoría dentro del Poder Legislativo, en la LVIII Legislatura la mayor parte de las iniciativas del gobernador se avalaron por unanimidad de votos, gracias a la complacencia que mostró el PRI en los primeros dos años de actividades parlamentarias.

La uniformidad en las decisiones del Congreso despertó “sospechas” en la evaluación que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) realizó del primer año de la actual Legislatura, según explicó el director Ejecutivo de esa organización, Enrique Cárdenas Sánchez, el 13 de diciembre de 2012.

Para el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla, el voto homogéneo de las bancadas deja entrever que el Congreso no ejerce la independencia que le confiere la ley, aprueba iniciativas al vapor por intereses políticos, con escaso análisis y sin considerar a la sociedad.

Derivado de lo anterior el CEEY otorgó una calificación de 6.3 al Congreso del estado, donde por primera vez tienen mayoría el PAN, PRD y Panal, en desempeño institucional y actividad legislativa, siendo cero el puntaje más bajo y 10 el más alto.

 

Golpeadores de RMV

 

Uno de los escándalos en los que se vio inmiscuida la LVIII Legislatura, que inició en enero de 2011 y concluirá el mismo mes del próximo año, fue la remoción de Juan Carlos Mondragón de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, por encargo de Rafael Moreno Valle.

El proceso que derivó en la sustitución de Mondragón inició insólitamente en el Poder Legislativo, con una iniciativa de reforma que presentó el diputado panista Antonio Vázquez Hernández.

El proyecto del legislador albiazul, quien recibió en 2012 el respaldo del titular del Poder Ejecutivo para ser candidato de Acción Nacional a diputado federal, modificó el código electoral para postergar el inicio de la elección, con el fin de que Mondragón no pudiera mantenerse en el cargo durante el proceso comicial de este año.

El conflicto legal surgió debido a que los legisladores olvidaron corregir los plazos en la Constitución de Puebla, además de que la reforma se aprobó en sólo cuatro horas, cuando el trámite suele durar por lo menos una semana.

El CEN panista presentó un acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, de la cual se desistió luego de que los grupos internos de Acción Nacional llegaron a acuerdos, entre los que se encontró la renovación de la dirigencia estatal, a la cual llegó Rafael Micalco Méndez, a quien se le identifica como incondicional de Rafael Moreno Valle Rosas.

El caso de Mondragón no es el único en el que los diputados han actuado para defender los intereses del mandatario local. Otra de las andanadas se impulsó contra el ayuntamiento panista del edil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

El 15 de diciembre de 2011 el Congreso vulneró el ámbito territorial y el principio constitucional de libre administración hacendaria del gobierno capitalino, autorizando al ayuntamiento de San Andrés Cholula el cobro de impuestos en 63 colonias de la zona limítrofe que pertenecen al municipio de Puebla, de acuerdo con el decreto de 1962.

Nuevamente la resolución del Poder Legislativo se fundamentó en razones de tipo político, ya que el alcalde de San Andrés y actual candidato a diputado del PAN, Miguel Ángel Huepa Pérez, forma parte del grupo político de Moreno Valle, mientras Eduardo Rivera pertenece al ala yunquista en la que se encuentra Mondragón.

El ayuntamiento de Puebla inició una controversia constitucional ante la SCJN, cuyos ministros invalidaron el 4 de diciembre del año pasado el decreto aprobado por el Congreso que permitía la doble tributación en la zona limítrofe.

 

Revanchismo

 

El Congreso actuó como herramienta de venganza el 9 de septiembre de 2011, cuando la Gran Comisión (ahora Junta de Gobierno) propuso la destitución del diputado del Partido Movimiento Ciudadano José Juan Espinosa Torres como presidente del Comité de Administración, ante la negativa que mostró éste a respaldar las acciones legislativas del gobierno del estado.

El Poder Legislativo emprendió la acción justo en el marco de una investigación que la PGJ inició contra el legislador de oposición, a raíz de una denuncia presentada por la edil de San Pedro Cholula, la morenovallista Dolores Parra Jiménez, quien lo acusó de extorsión.

Espinosa aseguró, en esa ocasión, que la investigación y destitución en su contra (que nunca se concretó) respondieron a una campaña negra de sus adversarios políticos, con la que buscaron sacarlo del Congreso por las críticas que realizó contra la administración estatal.

Las fricciones entre el legislador de Movimiento Ciudadano y el mandatario local concluyeron en este proceso electoral, luego de que Espinosa renunció a competir por la alcaldía de Puebla con el fin de dejar el camino libre el abanderado morenovallista Antonio Gali Fayad; a cambio de eso Espinosa logró el registró como candidato a la presidencia municipal de San Pedro Cholula con el respaldo de la coalición de PAN, PRD, Panal y Compromiso por Puebla.

Una de las últimas acciones que el Congreso emprendió contra los adversarios del titular del Poder Ejecutivo consistió en la aprobación de un punto de acuerdo en el que exhortó al gobierno federal iniciar una auditoría contra los medios impresos para sancionar a aquellos que no tienen certificaciones, entre los que se encuentra Acento 21, semanario que pertenece a Violeta Lagunes Viveros, una de las principales panistas opositoras al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y al candidato Antonio Gali.

El exhorto se aprobó el 6 de junio pasado por unanimidad de votos en la misma sesión del Congreso en la que la mesa directiva dio entrada a un escrito presentado por Lagunes, en el que demanda integrar una comisión investigadora que verifique el origen de la riqueza de Gali, al sospechar que tuvo un origen ilícito.

Al igual que la reforma contra Mondragón, el punto de acuerdo contra Violeta Lagunes surgió como una iniciativa panista de los diputados morenovallista Mario Riestra Piña y Josefina Buxadé Castelán.

 

Piezas de ajedrez

 

Parte de las iniciativas que el titular del Poder Ejecutivo local turnó en 2011 y 2012 tuvieron como motivación designar nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde Moreno Valle colocó a 13 perfiles propuestos directamente por él con el respaldo de los diputados.

El mismo control logró durante la renovación de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), donde el Congreso posicionó a personajes cercanos al mandatario local.

Mientras en la CAIP dos de los tres comisionados son vinculados al gobernador, en el IEE sucede lo mismo con seis de los nueve consejeros y en el TEEP con dos de los tres magistrados.

Moreno Valle también tiene cercanía con los titulares de la Comisión de Derechos Humanos del estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE), quienes también llegaron al cargo durante su administración.

En el caso de la CAIP, la CDH, el IEE y el TEEP la renovación se dio de manera natural, debido a que sus integrantes concluyeron el mandato por el cual fueron designados. No fue así para la ASE (antes Órgano de Fiscalización Superior), pues el cambio de titular se adelantó cinco años gracias a una investigación que la PGJ inició contra el entonces auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, a quien se le consideraba posición del gobierno marinista.

Una vez más las acciones emprendidas provinieron de un morenovallista. En el caso de Hernández Quintana se trató del diputado Jesús Zaldívar Benavides, quien denunció al auditor general por robo de documentación oficial.

En conclusión, Moreno Valle ubicó a 26 personajes afines al frente del Poder Judicial y los órganos autónomos y descentralizados en los primeros dos años de gobierno.

 

Control social

 

Entre las reformas avaladas por el Congreso que surgieron como iniciativa de Rafael Moreno Valle se encontró una modificación legal que suprimió los delitos de difamación y calumnia del código penal, para perseguirlos por la vía civil como “daño moral”, lo que especialistas interpretaron como un ataque a los medios de comunicación.

Moreno Valle aún no cumplía un mes en el gobierno cuando el Congreso aprobó el 22 de febrero de 2011 la enmienda.

La reforma no se trató de una casualidad. Como abanderado del PAN, PRD, Panal y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), Moreno Valle tuvo una mala relación con los medios informativos, incluso entre sus primeras acciones de gobierno se encontró la cancelación de los contratos publicitarios a aquellos que no avalaron su postulación en 2010.

Uno de los principales opositores de la reforma fue el académico Ernesto Villareal, quien acusó que la medida tuvo un ánimo regresivo y autoritario, ya que se impuso una sanción económica de 3 mil salarios mínimos a quien se le compruebe daño moral.

Ese mismo año, pero en el mes de diciembre, los diputados aprobaron otro proyecto legislativo de Moreno Valle que reformó el Código de Defensa Social y el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para otorgar a la PGJ nuevas herramientas de investigación como la intervención de llamadas telefónicas, la infiltración de agentes de la Policía, el aseguramiento de bienes o recursos y el cateo de domicilios sin orden judicial en caso de que se pruebe flagrancia.

Movimiento Ciudadano, a través de su diputado José Juan Espinosa Torres, acusó que la enmienda sería utilizada por el gobierno morenovallista para mantener “a raya” a los personajes “críticos” e “incómodos” del régimen estatal.

Pocos días después, el 15 de diciembre, el Congreso aprobó un procedimiento propuesto por el titular del Poder Ejecutivo para la apertura forzada de inmuebles que se incorporó en el artículo 106 del Código Fiscal del estado, el cual determina que la autoridad tendrá la facultad de “romper” cerraduras en los casos en los que un deudor del fisco se niegue a abrir y “se presuma” la existencia de bienes muebles susceptibles de embargo.