EL CASO PUEBLA

En la sesión de la Cámara de Diputados federal ayer hubo una intensa discusión entre integrantes de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres legisladores poblanos de Acción Nacional afines al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, a quienes los primeros acusaron de defender los intereses del mandatario en vez de abogar por el bien de la sociedad a la que, se supone, representan.

Destacó el apoyo que varios perredistas, entre ellos el vicecoordinador de la bancada, Miguel Alonso Raya, dieron a la representante popular por la Cuarta Circunscripción, Roxana Luna Porquillo, mientras que a los panistas poblanos no los apoyaron ni sus compañeros de fracción parlamentaria ni los diputados de otros partidos con los que suelen tener alianzas o posiciones similares, como los del PRI.

Es bueno que la discusión sobre el encarcelamiento de líderes opositores al gasoducto Morelos se aborde más allá del estado de Puebla, en un foro nacional, porque ciertamente los alcances del proyecto trascienden a esta entidad y abarcan una región sumamente importante del país.


Es cierto también que el proyecto forma parte de una decisión federal tomada incluso antes de la presente administración, pero también es verdadero que el gobierno del estado lo ha asumido como propio, aplicándole en su ejecución procedimientos violentos, que son, en este momento, lo que está resultando más reprobable.

La inconformidad por el autoritarismo con el que obra la administración de Rafael Moreno Valle está generando un descontento social y político indudable.