“[…] el Estado social […] en tanto asigne recursos mínimos
a unos cuantos pobres y pobrologos a fin de mediatizar sus
demandas con actos de generosidad que no creen derechos,
y cuyo bajo costo sea útil
para mantener las ilusiones
entre los demás pobres”
Pablo González Casanova
Dentro del denominado paquete económico para el año de 2020, presentado el pasado 8 de septiembre de 2019 ante el Congreso de la Unión, concretamente ante la cámara de diputados, por la administración pública federal, se sostienen dos figuras innovadoras en la legislación fiscal mexicana, que son la obligación, para los asesores fiscales, de inscribirse y reportar los trabajos que llevan a cabo con sus clientes (que son los contribuyentes) y, por su parte, la creación de un tercer informador fiscal, que es quien tendrá la posibilidad de denunciar ante las autoridades fiscales qué contribuyentes de los que tenga conocimiento realizan operaciones ilícitas que afectan al erario federal, particularmente, por llevar a cabo operaciones inexistentes, por expediciones de facturas apócrifas, etc.; todo lo cual provoca una sensación de dronificación de los contribuyentes.
Los denominados drones, que la tecnología ha puesto de moda y que provocan la existencia de un nuevo mercado por la venta y regulación de los mismos, se han usado para muchos fines. Dentro de los cuales, uno de los más lamentables es el que corresponde a su empleo en Afganistán para llevar a cabo acciones militares, como son los bombardeos en campos y aldeas de ese país, desde luego, controlados en la confortabilidad de una oficina climatizada de los Estados Unidos de América (Chomsky, Noam, Poder y terror, Barcelona: RBA Libros, 2003). Esos operadores de drones (anteriormente soldados de campo) no reconocen si están matando mujeres y hombres de aquel país o, bien, si están jugando el ultimo videojuego que ha salido al mercado.
Con esa frialdad se está endureciendo el derecho fiscal mexicano, el cual pasó de ser un simple derecho fiscal de la recaudación atravesando un derecho fiscal de la sospecha para ser actualmente un derecho fiscal de la violencia (Vergara Nava, Silvino, Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, Paideia, Puebla, 2017), pues con esas reformas respecto a las obligaciones de los asesores fiscales y de aquel tercer informador, se está tratando a los contribuyentes no con el uso de la ley ni con el del derecho, sino con un dron en vigilancia permanente, pues la legislación es la herramienta de la observación, de la revisión. Pero las autoridades fiscales no están realizando actos propios de fiscalización, sino que son otros particulares (como son los asesores fiscales y aquellos terceros informadores) los que estarán permanentemente vigilando a los particulares. Por ende, los tiempos de los chantajes han comenzado con esta anhelada cuarta transformación.
Sería muy oportuno que las cámaras de senadores y diputados abrieran sus puertas al debate de esas instituciones y de las consecuencias que representan para analizar el alcance que tienen esas disposiciones y que haya posibilidad de que se frene la aprobación sistemática de las leyes tributarias que, como ya es común, tal y como se proponen son autorizadas, como es el caso de la ultima reforma al código fiscal de la Federación publicada el pasado 1 de junio de 2018, a la cual ni una coma se modificó. En el caso, pudiera suceder lo mismo, que no haya coma que se modifique porque todos los medios de comunicación y el sistema están preocupados por las condonaciones que sucedieron hace seis y 12 años, y no por lo que se aprobará en el mes de octubre de 2019 y entrará en vigor en 2020.
Por ello, los canales democráticos se convierten en instancias judiciales, pues como los contribuyentes tienen cerradas a piedra y lodo las puertas de las instancias legislativas, éstos tienen que acudir a otros medios, como es el caso de los juicios de amparo para hacerse, por lo menos, escuchar, a pesar de que se acude al poder menos democrático de los tres poderes que es el poder judicial; el que, por ende, es el que menos entiende de democracia.
En estos días se estará fraguando esa reforma que provoca la dronifiación de los contribuyentes, lo cual atenta el derecho a la intimidad de ellos, a la privacidad, a la autonomía, a la libertad; sin embargo, todo ello quedará en segundo término por justificar una mayor recaudación de contribuciones, por simular ese Estado social de derecho que a decir del profesor Pablo González Casanova: “[…] en tanto asigne recursos mínimos a unos cuantos pobres y pobrologos a fin de mediatizar sus demandas con actos de generosidad que no creen derechos, y cuyo bajo costo sea útil para mantener las ilusiones entre los demás pobres, y para ayudar a que los grandes despliegues publicitarios se combinen con actos admirables de generosidad de los ricos e inmensamente ricos” (Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América latina, Akal, México, 2017). Pues bien, esperemos que el tiempo no nos dé la razón.