De los seis aspirantes –que previamente se han registrado– a ser el próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por los menos hay dos candidatos de “cuidado”, por sus oscuros antecedentes que plantean un grave riesgo de que pudieran ser elegidos para hacerse cargo de la fiscalización de los recursos públicos en la entidad. Ellos son Ricardo Camacho Acevedo y Salvador Sánchez Ruanova, quienes se vieron involucrados en proteger los intereses del exgobernador Mario Marín Torres, mejor conocido como “el góber precioso”, y del ex edil de Puebla, Luis Banck Serrato, respectivamente.
En un momento en que la prioridad de los gobiernos y legisladores de Morena es el combate a la corrupción, sería un grave retroceso elegir a un auditor general que se ha destacado por revisar cuentas públicas controvertidas y que al final sus conclusiones es que “no pasó nada”.
En una primera revisión de los candidatos que se anotaron para cubrir el nuevo periodo al frente de la ASE, luego de que concluyó el ciclo de David Villanueva Lomelí, quien en mayo pasado renunció al cargo para evitar ser destituido, aparecen dos nombres que representan el principal vicio de la fiscalización: que es ocultar anomalías o abusos con el ejercicio del gasto público.
El primer caso se trata de Ricardo Camacho Acevedo, quien fue auditor Especial de Planeación y Sistemas del extinto Órgano Superior de Fiscalización (OSF) –que antecedió a la ASE– bajo las órdenes de Víctor Manuel Hernández Quintana, quien fue obligado a dimitir como titular del OFS en el primer año de la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas.
No es algo menor, pues quienes conocen el entorno de Víctor Manuel Hernández dicen que Ricardo Camacho siempre ha sido el responsable de los “negocios” del primero de ellos.
Víctor Manuel Hernández Quintana protagonizó un sonado escándalo cuando se descubrió que había una bodega externa al OSF, en donde se trasladaba documentación oficial de las cuentas públicas que eran catalogadas como “delicadas” en el proceso de revisión de la aplicación de recursos públicos.
Siempre se sospechó que en esa bodega clandestina era donde se “arreglaban” los expedientes oficiales de las cuentas que debían ser aprobadas, a como de lugar, o que tenían que ser reprobadas, debido a conflictos políticos de algún alcalde con el entonces gobernador Mario Marín Torres.
Dicha bodega fue descubierta al inicio de la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas, en lo que al parecer, era un intento de acumular ahí documentos oficiales del gobierno de Mario Marín para evitar que cayeran en manos del nuevo gobierno del PAN.
En esa ocasión, Hernández Quintana no le quedó otro remedio que aceptar la existencia de esa bodega bajo el argumento de que el OSF tenía autonomía técnica y de gestión para decidir la organización de cómo atender y resolver los asuntos oficiales que le correspondían, que incluía tener un sitio de almacenamiento fuera de la sede del Órgano Superior de Fiscalización.
Hernández Quintana buscó defenderse legalmente en contra de la mayoría de diputados del PAN. Era claro que había sido nombrado por una mayoría priista, de la anterior Legislatura, controlada por Mario Marín, lo cual lo hacía incomodo para los morenovallistas. Sin embargo, más allá de que había una motivación política en los deseos de removerlo, eran ciertas y graves las anomalías que se le detectaron.
El 21 de octubre de 2011 acabó renunciando al cargo de titular del OSF luego de que no pudo contra un proceso legal que le inició Porfirio Loeza Aguilar, edil de Tlatlauquitepec, quien acusó a Hernández Quintana de conflictos de intereses durante el primer periodo en que el segundo de ellos había sido alcalde de su municipio.
Resulta que Hernández Quintana fue auditor externo del ayuntamiento de Tlatlauquitepec en 2006 y año después demandó al gobierno de ese municipio por el pago de honorarios y al mismo tiempo, en 2007, este personaje fue nombrado titular del OSF, tocándole resolver la cuenta pública de dicha administración, lo cual lo colocaba como juez y parte. Ese conflicto de intereses fue la punta del iceberg para iniciarle un proceso legal, que lo obligó a dimitir.
Todas esas anomalías ocurrieron siendo Ricardo Camacho el brazo derecho de Hernández Quintana.
El segundo caso crítico de los aspirantes para ser el nuevo titular de la ASE es el de Salvador Sánchez Ruanova, quien es primo de Fernando Chevalier Ruanova, quien encabezó el Tribunal Estatal Electoral de Puebla durante el conflictivo año 2018, en el que las instituciones del ramo protegieron un fraude electoral contra Morena y a favor del morenovallismo en los comicios de gobernador.
Más allá de sus nexos familiares, Salvador Sánchez destaca porque fue el responsable del dictamen de entrega–recepción entre el gobierno de Luis Banck Serrato y la nueva administración municipal de Puebla encabezada por Claudia Rivera Vivanco.
Los conocedores del tema califican con grandes anomalías ese proceso, pues resulta que siendo el gobierno de Banck una de las administraciones más grises de los últimos años, ocurrió lo clásico: “no se encontró nada malo”.
Aunque se acabaron observando 22 obras que Banck no concluyó, por un monto de 60 millones de pesos, se dictaminó que no había daño patrimonial ni motivo para sancionar a las empresas constructoras o los servidores públicos involucrados. Es decir, todo era felicidad y armonía, aunque la capital sufra de graves deficiencias en sus servicios públicos.
A partir de ese proceso de entrega–recepción nació la idea de que habría un acuerdo entre Luis Banck Serrato y Claudia Rivera Vivanco para no tocar los intereses del morenovallismo.