A dos años del sismo que el 19 de septiembre de 2017 provocó severos daños en territorio poblano y otras entidades, salta a la vista que el saldo de la reconstrucción es un rotundo fracaso.
Que a esta fecha solo se haya logrado recuperar el 20 por ciento del patrimonio siniestrado, refleja de cuerpo entero la corrupción, negligencia, abusos e impunidad que caracteriza a la clase política mexicana metida al servicio público.
Hacen bien el gobierno de la República presidido por Andrés Manuel López Obrador, y el estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta, en hacer evidentes y denunciar la serie de anomalías y hasta delitos que se cometieron por anteriores administraciones, malversando los fondos destinados a los damnificados.
No obstante, las acciones no deben limitarse a la mera denuncia, sino que deben trascender a la implementación de mecanismos bien definidos que eviten la repetición de vicios e ilícitos que hoy tienen a muchas familias fuera de sus hogares, a alumnos estudiando en aulas improvisadas, a hospitales inservibles, amén de templos y recintos culturales e históricos en calidad de ruinas.
La meta recuperar lo perdido en el próximo año debe ser una prioridad, así como la instauración de políticas efectivas de prevención, porque los simulacros aportan poco menos que nada, ya que los factores de riesgo se encuentran, sobre todo, en las edificaciones realizadas sobre zonas inadecuadas o en construcciones que carecen de las mínimas medidas de seguridad frente a temblores.