¿División de poderes o activismo judicial?

Las intervenciones judiciales, afectan primero al Estado al

acudir al aparato institucional atrapado en acuerdos disfuncionales

Cesar Rodríguez Garavito


 

Debido a las noticias que corren, en donde se ha mencionado la posibilidad de que por la próxima administración pública se propone la reducción de los salarios en la propia administración pública federal y para todo servidor publico, incluyendo los que corresponden al legislador, a los organismos autónomos y al poder judicial, y que en este último caso, se ha sostenido en los medios de comunicación, debido a las entrevistas que se han publicado con diversos ministros del rechazo en la reducción de sus altos y a veces, excesivos salarios. Sin embargo, independientemente del rechazo de la opinión pública respecto a esas manifestaciones de oposición por parte de los miembros del poder judicial y una posible ausencia de un correcto manejo político de esa situación, lo cierto es que de aplicarse las reducciones de los salarios en el transcurso de la próxima administración pública se pueden visualizar dos efectos, uno positivo y otro negativo.

El primero, positivo consistente en una verdadera división de poderes que en muchas décadas no se ha visualizado, sobre todo en relación con la administración pública y el poder judicial, lo cual abona a una mejor impartición de justicia, pues lejos de que se observen las escenas de grandes reuniones y comilonas entre el titular de la administración pública y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se observaría una verdadera división de poderes, que si bien el artículo 49 de la Constitución así lo determina, se puede observar en los últimos años que esto no es así, por el contrario, pareciera que muchas de las decisiones importantes, por ejemplo para el derecho fiscal, han sido favorables a la propia administración pública.

Ejemplos de esas decisiones judiciales, sobre todo en los últimos tres sexenios, como es el caso de la declaratoria de constitucionalidad del limite de las deducciones de las personas físicas, la constitucionalidad del impuesto sobre bebidas refrescantes, lo mismo como el caso del envío de contabilidad por parte de los contribuyentes, la constitucionalidad de la persecución a quienes realizan operaciones inexistentes, el incremento de las multas o bien de los delitos fiscales, son simples ejemplos que demuestran una preocupante contravención a la división de poderes, y con ello una crisis en el principio de legalidad y del Estado de Derecho. Pero, con esta contrariedad que se esta presentando en cuanto a la disminución de los salarios de los altos funcionarios del poder judicial, abona en una verdadera división de poderes, en donde lejos de que exista una decisión jurídica, se ha presentado una inclinación  en favor de las reformas legales que ha presentado la administración pública en los últimos años, por ello es que este distanciamiento abona en un mejor Estado de Derecho.

Otro efecto que no es muy positivo, producto de ese distanciamiento mencionado, es que el poder judicial federal al tomar las decisiones necesarias en los juicios de los cuales conoce es que se incremente lo que se ha visualizado en los últimos años, a lo que se ha denominado como “activismo judicial”. Que consiste en que los tribunales en sus sentencias, se involucren en las políticas públicas que le corresponden al legislador y a la administración pública. Por tanto, en controversias relacionadas sobre todo en violación a los derechos fundamentales, pero particularmente de los denominados derechos sociales, como son el derecho a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, etcétera, las sentencias de los tribunales del poder judicial tengan un alcance de obligar a la administración pública y al propio legislador para que en el ultimo de los casos emitan leyes para reglamentar algún derecho social, y en el caso de los primeros para que lleven a cabo la implementación de políticas públicas que se traduzcan en medidas que son exclusivas de la administración pública, como es donde construir una escuela, un hospital, clínica, etcétera, por tanto este activismo judicial se ha objetado en el sentido de que se contraviene el principio de división de poderes, pues teóricamente entre los poderes debe haber un equilibrio, que no se presentaría si es que las sentencias del poder judicial obligan a los otros poderes para realizar algo, además, que los miembros del poder judicial no pueden implementar esas políticas públicas en sus sentencias, ya que estos no fueron nombrados democráticamente, (Rodríguez Garavito, Cesar y otros, Juicio a a exclusión” siglo XX editores, Buenos Aires, 2015). Pues bien, el tiempo es el que definirá, si lo que se presentara con la próxima administración pública es división de poderes o activismo judicial.