El día 7 de septiembre pasado, la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública, notificó oficialmente, a través de la página de internet goo.gl/xygHDH, un cambio de domicilio y “la suspensión de los servicios de atención a público”, por 30 días naturales a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ese mismo día, huestes armadas requisaban las instalaciones de la dependencia y “documentos” de Bernardo Espino del Castillo, otrora director general, señalado por presuntos actos de corrupción, acción atribuida a Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior (goo.gl/ 3ViUea). En tanto eso sucedía, empleados de la DGP de diferentes jerarquías, incluidos los de base, reclamaban que “sin previo aviso fueron desalojados de su lugar de trabajo”, a pesar de no “estar” involucrados en actos de corrupción y tener antigüedades cercanas a 40 años. (Iris Velásquez, goo.gl/2uHVkd).
Pero, será Chana o será Juana. La dependencia, so pretexto de la modernidad, se ha visto involucrada en irregularidades administrativas, incidencias, que, en los últimos cinco años de gobierno, habrían afectado a los usuarios de sus servicios, en mayor o menor medida. Comentarios adversos rodean a la emisión de las cédulas profesionales y a la gestión de una oficina de trámite que alargan la obtención de un documento, a lapsos que varían entre los tres y los 12 meses, cuando la normatividad establece que debería entregarse en un tiempo no mayor a los 20 días. Imprescindible para el ejercicio profesional de egresados de varias licenciaturas, entre ellas las de Ciencias de la Salud, Derecho y las vinculadas al Servicio Profesional Docente, quienes al no contar con ella por estar en trámite, se encuentran en un estado de indefensión y pueden, o perder una plaza de trabajo en el sector público condicionada a la presentación del documento en cuestión; no obtener licencia para litigar en tribunales como abogados patrones y solicitar la firma de alguien que sí cubra los requisitos; o ser acusados por usurpar un grado académico sujeto a verificación.
Empero, el 5º Informe de Gobierno de la administración de Enrique Peña enfatiza, en un sexenio en el que las autoridades han querido dar una impronta de renovación, el uso de nuevos “sistemas de información” para mejorar procesos administrativos y ejemplifica en casos como: el del Sistema de Información y Gestión Educativa, mediante el que y de acuerdo a la fuente, se habrían procesado datos de “25.9 millones de alumnos y 338 millones de evaluaciones bimestrales”, correspondientes a un solo ciclo escolar; o el del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone) que “cada quincena procesaría la información de 1.8 millones de plazas” y contiene datos vinculados a sus pagos y cruces con el formato 911; o el caso de la plataforma SIGED (control escolar) que facilitaría la emisión en planteles de boletas de calificaciones y certificados; o el que aglutina a docentes (Red Interna Social para Docente), cuya finalidad sería la de facilitar el intercambio de opiniones entre maestras y maestros, y otros más.
Sistemas entre los que se encontraría el del SIREP (Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional ), elaborado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SEP, que tantos dolores de cabeza causan, a pesar de estar elaborado para proporcionar el servicio de ingreso de solicitudes en línea “con la finalidad de mejorar la calidad de atención en el “Registro de Título y Expedición de Cédulas para mexicanos con estudios en México y el Registro y actualización de Instituciones Educativas”. (goo.gl/uZes1J)
Sin embargo, las irregularidades o incidencias han deteriorado en los últimos cinco años, la prestación de un servicio (en DGP), que previo a la modernización, se prestaba con mayor eficiencia y eficacia. Con anterioridad, si el interesado quería realizar un trámite para obtener la cédula profesional, ya fuera que lo hiciese de manera personal o por intermedio del gestor de la institución en la que cursara sus estudios, bastaba con que asistiera a las oficinas ubicadas, a partir del 4 de abril de 2016 en avenida Revolución, hiciera fila y entregara la documentación probatoria que cubriese todos los requisitos. Con la “modernidad”, en las ventanillas se atiende sólo a aquella persona o gestor que solicita ficha en línea con gran dificultas, hasta tres meses después del primer intento debido a la saturación del sistema (fichas agotadas). Baste resaltar que la entrega de la patente de ejercicio profesional pasó, de 15 días para el interesado y 30 para el gestor, a periodo de cuatro o cinco meses. Todo a partir de la implementación del Sistema SIREP.
Los prietitos en el arroz se multiplican; ésta no es la primera vez, que sin importar la afectación a los usuarios de su servicio, que la DGP suspende arbitrariamente actividades. Sucedió lo mismo en marzo de 2016 y por fallas en el sistema, en mayo de 2017. De manera “extraordinaria” en el periodo 2012–2013, año en que el cambio al sistema SIREP y al formato de cédula profesional, ocasionaron retrasos de hasta de un año, en la entrega del documento solicitado. La migración al SIREP ha originado errores –modificaciones– en la asignación original de la clave de carrera, cuestión que debe ser solucionada a partir de la Instituciones de Educación Superior y la suspensión de los trámites de obtención de cedula para los egresados de estas carreras, en lo que corrigen su entuerto. Sin previo aviso, en abril de 2017, la Dirección General de Profesiones solicitó a los usuarios del servicio, que los pagos de derechos para los trámites deberían contener la cadena que asignan las secretarías de Finanzas locales, con el consecuente deterioro económico y pérdida de tiempo para quienes van de los estados a la CDMX.
Con esta dependencia y con sus funcionarios a cargo como Espino, que dios, Peña y Nuño, nos agarren confesados.