Difícil presente

En ciencias sociales, al contrario de lo que sucede en las “ciencias duras”, las cosas no ocurren fatalmente. En los procesos sociales no hay una relación lineal de causa efecto, la realidad concreta es la síntesis de múltiples determinaciones. Por esa razón, entre otras, quienes se dedican al estudio de la sociedad prefieren hacer historia que profecías. En este caso, con las reservas posibles, intentaremos otear el futuro, no como presagio, sino tratando de seguir las tendencias actualmente observables en la sociedad mexicana.

México, presenta una situación que no es mera coyuntura social y económica adversa, sino una situación de crisis general. Ese estado de cosas presenta diversos aspectos, a cuál más desfavorable para los trabajadores, quienes, como siempre, cargan con las peores consecuencias de las crisis. El año cerró con una elevada inflación, la más alta desde 2001; una creciente debilidad del peso, que en el gobierno de Peña Nieto se devaluó 60 por ciento; se profundizó la desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso (20 por ciento de los hogares más ricos concentra 48 por ciento del ingreso nacional, mientras que 20 por ciento más pobre apenas obtiene 6 por ciento); los “patriotas” dueños del dinero, han enviado al extranjero, en los últimos cinco años, 106 mil millones de dólares; la corrupción ha llegado a extremos intolerables; asimismo, el capitalismo ha provocado un creciente deterioro de la naturaleza, acompañado de frecuentes despojos a los pueblos originarios.

Esa situación deriva del lamentable funcionamiento de la economía, debido, en buena medida, a la falta de inversión pública y de una limitada inversión privada que no ha sido capaz de compensar la disminución de la inversión gubernamental, como se decía ocurriría con una economía de libre mercado. Además, para evitar la fuga de capitales y frenar la inflación el Banco de México ha elevado continuamente la tasa de interés. La última vez fue el 29 de diciembre cuando se decidió aumentarla a 7.25, lo cual atrae al capital especulativo, encarece el crédito y desalienta a inversión productiva.


Otros aspectos cuya acción se reflejará en la situación de 2018, tienen que ver con la dependencia de la economía del país hacia la estadounidense. Es el caso de la política fiscal de Trump, aprobada por el Congreso el 20 de diciembre, que disminuyó de 35 a 21 por ciento el impuesto al ingreso de las empresas. El impacto de esta medida en la inversión en México podría ser enorme, pues muchas empresas que operan en el país podrían trasladarse a Estados Unidos en busca de ese menor pago de contribuciones y lo mismo ocurriría con las nuevas inversiones que, seguramente, elegirán instalarse en territorio de estadounidense y no en México, donde el impuesto es mayor. Esto puede significar dos cosas: que el gobierno de Peña Nieto decida bajar, en la misma magnitud el impuesto al ingreso de las empresas, lo cual reduciría la captación fiscal y, cuando eso ocurre, ya sabemos baja el gasto en educación, salud y otros renglones sociales. Pero si Peña Nieto no reduce ese impuesto, eso significaría mantener como el mayor atractivo al capital los bajos salarios de los trabajadores mexicanos. Cualquiera que sea la vía que se siga, será sobre las espaldas de los trabajadores que recaiga el peso de la crisis.

Finalmente, si el TLCAN se aprueba, será para resolver el déficit comercial de Estados Unidos y eso sólo podrá ser a costa de una balanza comercial deficitaria para México.

Difícil panorama, pero no todo está perdido: el uno de julio puede ser el inicio del cambio verdadero.