La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, a cargo de Ricardo Velázquez, ha detectado al menos 22 notarías con irregularidades, entregadas todas durante el morenovallismo, reveló el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien no quiso precisar cuáles son las anomalías y anunció que el informe final de la investigación se conocerá la próxima semana.
“Martes o miércoles ya damos una resolución sobre (las investigaciones). Quiero decirles que esperen lo peor de los notarios: por lo menos 22 notarias están bailando, se podría todo. Las patentes están bajo revisión (…) me están preparando los expedientes, pero sí hay serias irregularidades. Estamos encontrando serias irregularidades, la mayoría fueron entregadas a los gobiernos anteriores”, expresó ayer el mandatario durante una entrevista.
El pasado domingo, Fernando Manzanilla Prieto, secretario de Gobernación estatal, confirmó en entrevista con varios medios de comunicación, la entrega de un expediente de investigación a notarías y fedatarios para que la Consejería Jurídica del gobierno estatal tome medidas sobre anomalías y delitos cometidos en pasadas administraciones.
“La responsabilidad de ejercer cualquier tipo de acción en contra de los notarios recae en el área de la Consejería Jurídica. Lo que se hizo fue enviar la información y será una determinación de esta dependencia emprender alguna acción, sobre todo en las que tanto han causado polémica”, manifestó el responsable de la política interior en la entidad.
Ha trascendido que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, a cargo de Ricardo Velázquez Cruz, indaga sobre las arbitrariedades e ilícitos que pudieron cometerse en la entrega de patentes durante el morenovallismo, en especial en los periodos del fallecido exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, y su sucesor José Antonio Gali Fayad.
Se sabe que algunos fedatarios despachan sin que haya sido emitido el decreto de creación correspondiente, otras notarías ni siquiera ostentan su documentación en orden o sus titulares ya no están al frente de las mismas.
En enero 11 de 2016 el jurista Carlos Meza Viveros publicó en su columna “Solo para Abogados” un texto titulado: “Del notariado poblano y sus circunstancias”, en el que expuso:
“Algunos notarios macarras, ignorantes y estafadores han pervertido y prostituido esta noble función y nunca han sido sancionados por sus reprobables actos gansteriles, al protocolizar innumerables transmisiones de propiedad de víctimas de sus actos en contratos privados en los que no acredita el ‘vendedor’ tener facultad para poder transmitir el inmueble que no le pertenece a un tercero miembro de la pandilla que encabeza el notario y algunos registradores públicos, quienes se prestan para abrir nueva partida que les permitirá a los delincuentes de cuello blanco hipotecar, vender, en general, ceder un bien ajeno. Lo anterior lo digo con los pelos de la burra en la mano, más de dos notarios públicos cuyos nombres omito, salvo que me obliguen a ello, fueron llamados por el que esto escribe siendo secretario de Gobernación para obligarlos a suspender sus funciones y llevar a cabo la anulación de poderes irrevocables, compraventas bajo la oprobiosa estrategia antes referida, so pena de retirarles la patente. Para muestra basta un botón, un importante número de notarios públicos de los distritos judiciales de Puebla, Cholula y Tecali, violando flagrantemente el convenio de transferencia de la Sedesol federal al gobierno de Mariano Piña Olaya para cumplir con los programas subregionales de los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, y mediante un decreto congresional inexistente para los efectos legales, que facultaba al Ejecutivo (Piña Olaya), a ceder, transmitir, donar o vender las mil 081 hectáreas de la reserva territorial expropiada por decreto presidencial del entonces Ejecutivo federal Carlos Salinas de Gortari, repito, sin que el convenio de transferencia se hubiese llevado a cabo”.