El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para obligar al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) a reconocer el registro de Ana Teresa Aranda Orozco como candidata independiente a la gubernatura exhibió en todas las formas posibles el empeño que tuvieron los integrantes del consejo general de ese organismo por perjudicarla.
De entrada, hay que recordar que se establecieron criterios y requisitos muy difíciles de solventar para los aspirantes a candidatos ciudadanos, mismos que fueron cumplidos cabalmente por Aranda Orozco.
En segundo lugar, hubo un exagerado número de firmas de apoyo ciudadano como tope mínimo para buscar el registro y la ex panista entregó las rúbricas en un número muy superior al requerido.
En seguida, a Aranda le escatimaron un número importante de rúbricas, desconociendo los respaldos de quienes se los dieron genuinamente, lo cual no solo fue un atropello a la política, sino también a los ciudadanos.
Por último, mediante un recurso de última hora y a todas luces chicanero, el PAN –o lo que queda de él, ahora que se ha convertido en una franquicia del morenovallismo– logró, con el concurso del IEE que, Aranda perdiera dos semanas de campaña.
Hay razones de sobra para que los consejeros del IEE sean destituidos y eso queda claro en la docena de juicios ganados por Aranda y los otros ocho en que el PRI y el PRD han vencido al organismo local en litigios ante el TEPFJ.