La falta de autonomía, el tráfico de influencias, los compadrazgos, el conflicto de intereses y el favoritismo que existen en el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de Puebla (ITAIP PUE), quedaron al descubierto luego de la revelación de la designación de la sobrina de Martha Érika Alonso de Moreno Valle, Gabriela Sierra Palacios, para integrar y presidir hasta hace unos meses al órgano garante.
Así fue señalado este lunes por Norma Estela Pimentel Méndez durante la reunión de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia del Senado, donde se realizaron las entrevistas a aspirantes a ocupar cuatro cargos de consejeros honoríficos y un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El señalamiento de Pimentel, ex integrante de la entonces Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CAIP) ocurrió cuando las senadoras Xóchitl Gálvez y Citlali Hernández viraran la entrevista de sus capacidades y se enfocara en el escrutinio personal de la académica cuestionándole sobre la falta de ratificación en el órgano garante de Puebla y la vinculación y relación cercana con el ex gobernador Rafael Moreno Valle y el consecuente conflicto por haber ocupado el puesto de dirección en el departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) cuando Moreno Valle era el titular.
“No, no se dio mi ratificación en la CAIP, pero contrario a lo que considera la senadora respecto de los rasgos en mi trayectoria, yo no tuve ningún conflicto de intereses, no. Aunque sí hubo, pero no fue conmigo. Fue con la que hoy ostenta el cargo de comisionada del ITAIP, Gabriela Sierra Palacios, quien tenía una relación de parentesco directo con la hoy difunta ex gobernadora. Era su sobrina”, explicó Pimentel.
La excomisionada aclaró la desinformación en los señalamientos por la que fue cuestionada: “yo nunca fui directora de Asuntos Jurídicos en la SFA en la época en que Rafael Moreno Valle, hoy difunto exgobernador. Ocupé el cargo de analista y fue mi primer trabajo mientras estudiaba mi licenciatura en Derecho”, explicó ante la mesa de análisis.
Norma Estela Pimentel también fue cuestionada su candidatura al Partido Verde Ecologista. Pimentel aseguró ante senadores que fue por invitación del partido sin requisito de militancia previa ni durante el proceso y que siempre se conservó como una candidatura ciudadana.
La excomisionada de la CAIP es recordada por organizaciones defensoras de la información pública y del derecho a saber como figura emblemática del ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas en la plenitud del morenovallismo en Puebla, cuando el acceso a la información y la transparencia no fueron prioridad.
Desde su llegada a la extinta CAIP, que dicho sea de paso ya contaba con el reconocimiento de organismo constitucionalmente autónomo, Pimentel no tuvo la oportunidad de ocupar el espacio de la presidencia del organismo que le correspondía por la propia temporalidad escalonada del cargo.
En 2016, el Congreso llevó a cabo los ajustes para reformar el órgano garante de comisión a instituto, esto pese a que esta reforma era inútil, pues la autonomía de la Comisión para el Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado existía desde el 2011, año en que se reformó el artículo 12 de la Constitución local.
Al menos 21 organizaciones defensoras del derecho a la información, entre ellas el Nodo de Transparencia de Puebla, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Puebla, Artículo 19, Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, Centro de Estudios Espinosa Yglesias AC, México Evalúa Capítulo Puebla, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Integradora de Participación Ciudadana, Consejo Ciudadano a la Contraloría, Puebla Vigila, entre otras, emitieron un pronunciamiento en el que se apunta: “A partir de la Reforma Constitucional se planteó la renovación total de la CAIP, y en el contexto que se vive al interior del órgano garante, tuvo el propósito de dejar fuera a la comisionada Norma Estela Pimentel Méndez, quien se ha destacado por tener una postura crítica en las resoluciones en contra de los sujetos obligados, y quien pudo haber ocupado la presidencia de la CAIP”.
La “renovación” de la entonces CAIP fue considerada por la Amedi como una estrategia de último minuto para blindar la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle, quien ese año se destapó como candidato a ocupar la silla presidencial de México.
Las reformas incluían un proceso de remoción de comisionados de la CAIP que siempre se señaló ”apegado a derecho” organizaciones señalaban que en la práctica esta remoción constituía una violación flagrante a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La maniobra legislativa fue considerada por organizaciones defensoras de la transparencia como un intento de terminar el blindaje del gobernador saliente que lo que menos quiere es transparentar su gestión.
Aunque Pimentel presentó la primera postulación ciudadana al Congreso local para integrarse al nuevo órgano garante el ITAIP fue rechazada. No así su homóloga en la CAIP, Gabriela Sierra, quien fue ratificada en el cargo y nombrada presidenta del nuevo órgano garante, el ITAIP.
Durante su paso por la CAIP, Pimentel fue una piedra en el zapato para el comisionado presidente de entonces, Javier Fregoso y su homóloga, Gabriela Sierra Palacios. Su voto en contra en los proyectos de resolución en sesiones del Pleno de la CAIP, eran constantes. El caso más álgido fue cuando Javier Fregoso, en su carácter de presidente CAIP instruyó al titular de la Contraloría Interna para que iniciara una investigación a la comisionada Norma Estela Pimentel por expresar su inconformidad por señalar que los comisionados aceptaron una ampliación de respuesta de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), 38 minutos antes de que se celebrara el pleno, lo que era contrario a la legislación vigente y evidenciaba prácticas lamentables dentro del órgano garante.
El 21 de julio de 2016, en plena sesión y en su turno para hablar, Norma Estela Pimentel tomó la palabra y denunció los hechos, lo que consideró una nueva violación a la a Ley de Transparencia en el estado, pues una vez que se realiza el cierre de instrucción no se puede modificar con ampliaciones posteriores. Javier Fregoso comisionado presidente y Gabriela Sierra votaron a favor de que el asunto fuera turnado de nuevo a uno de ellos.
Las ampliaciones de respuesta al filo del desarrollo de la sesiones de la CAIP fue una estrategia de los sujetos obligados que coincidió con la llegada de del comisionado Federico González Magaña, para retrasar resoluciones e impedir que los recursos de revisión llegaran a término.
Entre las resoluciones de Pimentel destaca la apertura de un fideicomiso opaco. El recurso de revisión en el que ordenó a la SFA para que entregara a un ciudadano la lista de todos los proyectos registrados en el fideicosmiso F/0144, así como toda la información financiera, incluyendo estados de cuenta mensuales, todos los CFDI los comprobantes digitales que amparaban las operaciones del fideicomiso.
Pimentel rechazó el pretexto de la SFA “del volumen de la información que le impedía entregar la información como le había sido requerida”,
De las resoluciones de Pimentel se conoció por ejemplo que el entonces gobernador Rafael Moreno Valle realizaba promoción personalizada en hogares de la república mexicana cuando comenzara su carrera presidenciable. Según el expediente 78/OTE05/2016 y 79/OTE06/2016, la Oficina de la Gubernatura se negara a responder las solicitudes de información de un ciudadano que exigía conocer por qué le llegaban felicitaciones en su cumpleaños a su domicilio particular en Jalisco, Guadalajara de parte del mandatario.
En otro expediente ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) transparentar a qué autoridad federal dirigió solicitudes, oficios, rogamientos o peticiones para que fueran autorizadas tareas de espionaje, cuántos personas fueron intervenidas y los medios, concesionarias o empresas de los que sirvió.