Las comisiones estatutarias de Honor y Justicia y de Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma de Puebla presentaron en la sesión de ayer la terna correspondiente para la elección del nuevo titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. De los tres candidatos propuestos por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el Consejo Universitario nombró a José Francisco Ávila Caso, como nuevo titular de esta dependencia universitaria.
Antes, Miriam Olga Ponce Gómez presentó su informe anual de actividades al frente de la Defensoría de los Derechos Universitarios, dependencia que busca atender los actos injustos contra la comunidad universitaria y generar una cultura de respeto.
Entre las actividades más relevantes destacó la relación estrecha con la Oficina de la Abogada General de la institución, así como con la Dirección de Acompañamiento Universitario para poder brindar asesoría jurídica a los estudiantes. El aumento de las gestiones y orientaciones para solucionar asuntos de carácter académico y administrativo para disminuir el número de quejas.
Por otra parte, el máximo órgano de gobierno de la institución aprobó por unanimidad de votos la creación del Doctorado en Estudios Históricos, a cargo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSH). Se trata de un programa educativo que será competitivo en la región centro–sur del país y que reforzará la formación de capital humano en esta área del conocimiento.
Su planta académica está integrada por 28 doctores, de ellos 70 por ciento están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Es un posgrado de investigación con ingreso bianual, en el que se trabajarán y cultivarán las líneas de investigación del ICSH, como Historia del Arte, Historia y Cultura e Historia Económica y Política.
Además, el rector Alfonso Esparza Ortiz informó a los consejeros universitarios que a la brevedad recibirán la propuesta de reforma a diversos artículos del Estatuto Orgánico: 99, 100, 101, 117, 118, 119, 120, 123, 124 y 143, para realizar el análisis de los mismos y mandar sus observaciones y recomendaciones a la Comisión de Legislación Universitaria. Entre las modificaciones destaca el cambio de nombre de secretario administrativo por coordinador administrativo, en las unidades académicas, como a nivel institucional, con la finalidad de agilizar sus funciones.