En los últimos días varios supervisores y directores de escuelas públicas han recibido llamadas telefónicas para convocarlos a un par de reuniones masivas que habrá en la tarde de este miércoles, una en el Centro de Convenciones y otras más en la zona de Los Fuertes, como parte de los cierres de campaña de la coalición “Por Puebla al Frente”. La petición es que cada uno invite a la mayor parte de profesores que tiene bajo su control y éstos, a su vez, lleven a dos o tres personas, sin importar que no sean docentes.
Lo anterior no tuviera nada de extraordinario o anómalo si no fuera porque –se asegura desde las Redes Sociales Progresistas (RSP)– los números desde donde se hicieron las llamadas serían líneas telefónicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En un primer momento se supuso que alguien actuó de manera negligente y en lugar de utilizar una línea privada, se le hizo fácil llamar desde alguna oficina de la SEP para convocar a los maestros a los últimos actos de campaña de la coalición formada por el PAN, el PRD y Partido Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, entre este lunes y martes al aumentar los telefonemas a los supervisores y en muchos casos constatarse que se seguía llamando desde supuestas instalaciones de la SEP, se supo que el objetivo de utilizar esos números telefónicos es infundir miedo entre las bases del magisterio.
El mensaje de fondo que se quiere implantar entre supervisores y directores es el siguiente: quien no cumpla con el acarreo de maestros a los cierres de campañas electorales, quedarán detectados por los operadores políticos de la SEP y eso podría implicar que surjan fuertes reprimendas contra los que no colaboraron con la movilización de posibles votantes a favor del PAN.
Los maestros que están siendo presionados para ayudar a llenar los cierres de actos proselitistas del albiazul, saben que luego de este miércoles la presión va a continuar para que el domingo 1 de julio se haga lo mismo y se acarren a maestros, junto con su familiares o conocidos, a los circuitos de movilización y compra de votos.
Y el funcionario educativo que no cumpla con esos propósitos de alquimia electoral, podría sufrir actos represivos que van desde que los cambien de centros de adscripción laboral hasta que les levanten actas de supuestas faltas laborales, como preámbulo de un despido.
Esas prácticas se volvieron comunes durante el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Maestros y funcionarios de la SEP que eran incómodos para el Poder Ejecutivo, de un día para otro les cambiaban su adscripción laboral y los mandaban a trabajar al otro extremo del estado, sin importar que no tuvieran condiciones económicas y familiares para hacerlo. El objetivo era fastidiarlos y provocar su despido con el argumento de no haber cumplido las normas de carácter laboral.
Con estos mecanismos represivos, se busca inhibir el voto a favor de Morena, la opción política que penetró en dos terceras partes de las bases del magisterio.