Desaparecen evidencias contra el ayuntamiento de Amozoc

La intervención oficial contra la Policía Municipal de Amozoc por presunta colusión con el crimen organizado no es un caso acabado o resuelto, ya que han desaparecido muchas evidencias fundamentales para investigar el presunto nexo de miembros de ese ayuntamiento con las mafias del robo de combustible.

Para empezar, luego de que se dio el asesinato de seis policías de Amozoc y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones, se esfumó del municipio el director de Seguridad Pública, Fabián Becerra, quien oficialmente no ha renunciado ni ha sido removido del cargo.

Nadie sabe cuál es su paradero y tampoco se explica en el gobierno local si el funcionario está evadiendo su responsabilidad o va a regresar a su puesto.


Fabián Becerra era el director de Tránsito y luego del asesinato de seis policías, hace un par de semanas, lo nombraron como comisario del área de seguridad pública.

Posterior al nombramiento se esfumó del municipio. Una actitud extraña. Sobre todo porque Fabián Becerra no solamente es servidor público, sino que es primo del alcalde, José Sánchez Roque.

Otra dato relevante es que luego del múltiple homicidio de los uniformados de Amozoc, se “perdieron” la mitad de las armas de fuego de la Policía Municipal. Nadie sabe qué pasó con ellas.

Y por si fuera poco, los archivos de la Policía Municipal también están incompletos y no se tiene la lista oficial de todas aquellas personas que se desempeñaban como policías municipales.

Todo esto tiene un tufo de que algo muy fuerte se está ocultando en el ayuntamiento de Amozoc.

No cabe duda que en este municipio apenas se está empezando a abrir la caja de Pandora.

Las propuestas de Mariela Solís

Dentro del universo de candidatos, un caso muy especial ha sido el de la aspirante a diputada local Mariela Solís, de la coalición Por Puebla al Frente, quien tal vez ha presentado algunas de las propuestas más destacadas y sólidas, tendientes a generar una justicia tributaria.

La abanderada del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por el distrito19 de Puebla ha presentado tres propuestas muy destacadas, que no se quedan en los lugares comunes de cada campaña electoral y que si se hacen realidad, tenderían ha generar una mejor relación entre ciudadanos y las autoridades recaudadoras de impuestos.

Los tres proyectos en cuestión son los siguientes:

Mariela Solís está proponiendo que el 25 por ciento del impuesto predial que pagan los vecinos de edificios multifamiliares o unidades habitacionales, que son zonas de vivienda popular, se regrese al lugar donde se recaudó y se invierta en el mantenimiento de los inmuebles.

Sin duda si eso ocurriera, habría una alta colaboración de los habitantes de esas grandes zonas urbanas en pagar el impuesto predial ya que percibirían una corresponsabilidad con las autoridades, al obtener  un beneficio directo en el cumplimiento de esa obligación fiscal.

Actualmente se paga el impuesto predial y los propietarios de inmuebles nunca saben en que se invierte ese dinero. Y lo que es peor, los servicios públicos y los edificios de las unidades habitacionales se encuentran en un vacío en que no hay ninguna autoridad que se haga responsable de su atención y mejoramiento.

Una segunda propuesta es que el 25 por ciento del polémico Impuesto Sobre la Nómina sirva crear una bolsa para otorgar créditos de hasta 50 mil pesos, a la palabra, a pequeños empresarios o comerciantes, para que pueda mejorar sus instalaciones y su capacidad de expandir su actividad productiva.

Con esta propuesta de Mariela Solís, sin duda alguna, se atiende a un sector olvidado por todas las políticas de desarrollo económico que son los pequeños empresarios y comerciantes, que a su vez son quienes generan la mayor cantidad de fuentes de trabajo y quedan siempre al margen de los apoyos públicos, que son acaparados por consorcios o los líderes de cámaras empresariales.

La tercera propuesta de la candidata a diputada por el distrito 19 de Puebla, tiene que ver con la Ley de Extinción de Dominio, misma que propone reformar para que sea un instrumento eficaz en el combate al crimen organizado.

Lo que busca la aspirante a legisladora es que se pueda expropiar terrenos e inmuebles a todos aquellos integrantes del crimen organizado, como una manera de quitar poder económico a las organizaciones criminales.