Ayer ingresaron al Poder Legislativo dos iniciativas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo, Rafael Moreno Valle Rosas. Algunos de estos planteamientos, que deberán ser analizados y votados por los representantes populares, buscan regular el uso de la fuerza pública y prevenir la tortura.Otra iniciativa propone ampliar hasta 2024 el nombramiento de Adolfo López Badillo como titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado.
Sobre el primer planteamiento se puede interpretar que se trata de un intento del gobierno del estado por responder a las críticas y cuestionamientos que su comportamiento ha suscitado a nivel local, nacional e incluso internacional por la detención de los ambientalistas Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, pero hay que resaltar que éstos no han sido, por mucho, los únicos actos en los que la administración morenovallista ha violado los derechos humanos: baste recordar los casos de los campesinos de Atzizihuacan, Chignahuapan y Venustiano Carranza, o la represión a defraudados de Sitma o a mototaxistas.
Sobre la intención de extender por una década más el periodo de Adolfo López Badillo como ombudsman es, a todas luces, un despropósito, dado que el funcionario prácticamente ha fungido a lo largo de este sexenio como un convidado de piedra, cuando no como cómplice por omisión, ante los abusos perpetrados por el Poder Ejecutivo.
Muchas son las áreas de comportamiento cuestionables en la gestión de Moreno Valle, pero sin duda los derechos humanos son los que más ataques han sufrido por parte de un gobierno en Puebla desde hace décadas.