Denuncian red de impunidad para magistrado con más de 200 juicios mercantiles en su contra

El magistrado José Eduardo Téllez Espinoza, quien se desempeñó en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y está suspendido provisionalmente por tener en su contra una investigación administrativa  en el Consejo de la Judicatura Federal, goza de impunidad, denunciaron los afectados por el fraude que el juez les cometió.

Los quejosos acusaron que Téllez Espinoza cuenta con la protección de sus compañero de gremio, como son el juez de Distrito Roberto Antonio Domínguez Muñoz, de San Andrés Cholula y de los magistrados Ezequiel Neri Osorio e Isidro Pedro Alcántara Valdés, en Xalapa, Veracruz, quienes impiden que se le embarguen su salario, seguros y demás bienes.

Esta casa editorial ha intentado desde hace más de un mes obtener una respuesta del Consejo de la Judicatura Federal sobre el caso del magistrado José Eduardo Téllez Espinoza, pero no ha habido respuesta.


El pasado fin de semana los agraviados por el juzgador, entre quienes se encuentra el abogado, Arturo López González, enviaron a La Jornada de Oriente este sábado una relatoría en la que comparan el encubrimiento que el Consejo de la Judicatura Federal brinda a José Eduardo Téllez Espinoza con la impunidad que la santa sede obsequia a los curas pederastas:

“Como la santa sede, el Consejo de la Judicatura Federal en México se hace de la vista gorda cuando tiene elementos (jueces o magistrados) que son corruptos o cometen fraudes. Es el caso del magistrado José Eduardo Téllez Espinoza, quien se desempeñó en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en San Andrés Cholula, Puebla, aproximadamente desde 2003 hasta julio de 2016, quien actualmente está suspendido provisionalmente por tener en su contra una investigación administrativa iniciada ante el cúmulo de quejas presentadas por diversos ciudadanos en el Consejo de la Judicatura Federal.

“El citado magistrado también fue condenado en más de 200 juicios mercantiles entablados en su contra por sus víctimas estafadas, a lo que se suman al menos cuatro averiguaciones previas en Puebla por el delito de fraude a través de una empresa fantasma llamada Detallarte S. A. de C.V., en la que su única socia era su esposa Bibiana García Ruiz, con la que se dedicaron a obtener préstamos para la producción, de todas las personas que pudieron estafar.

“Este funcionario federal encargado de impartir justicia se comprometió a través de grandes préstamos de dinero con funcionarios federales y estatales, empresarios y abogados litigantes, perdiendo toda la credibilidad, autonomía e independencia con la que debe contar un juez, y aun cuando actualmente tiene más de tres centenas de procedimientos civiles, administrativos y penales en su contra, fue ‘sancionado’ por el Consejo de la Judicatura Federal, con unas vacaciones por tiempo indeterminado, con goce de un sueldo de más de 45 mil pesos mensuales, pagadas con los impuestos de todos los contribuyentes como usted y yo, más un cúmulo de prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, ISSSTE, fondo de retiro, afore, vivienda, celular, chofer, ayuda para gasolina, vehículos…

“Y por si eso no fuera poco, mientras goza de vacaciones, con el dinero que le paga su patrón el Consejo de la Judicatura Federal (con nuestro impuestos claro) y lo que obtuvo del fraude que hizo (más de 70 millones), el magistrado José Eduardo Téllez Espinoza, ahora se dedica a dar ‘charlas de amparo’ por todo el país, en universidades donde no saben quién es en realidad, y también por diversos países de Latinoamérica.

“Además, el magistrado José Eduardo Téllez Espinoza cuenta con la protección de sus compañeros de gremio, como son el juez de Distrito Roberto Antonio Domínguez Muñoz, de San Andrés Cholula, Puebla, y de los magistrados Ezequiel Neri Osorio e Isidro Pedro Alcántara Valdés, en Xalapa, Veracruz, quienes impiden que se le embarguen su salario, seguros y demás bienes, así como los de su esposa y cómplice Bibiana García Ruiz.

“Así como el Vaticano debió procesar eclesiásticamente, excomulgar y poner a disposición de las autoridades civiles a los curas pederastas, el Consejo de la Judicatura Federal debería destituir e inhabilitar para desempeñar cargos públicos al magistrado José Eduardo Téllez Espinoza, además de hacerlo responder civil y patrimonialmente ante sus defraudados. Pero lejos de ello, al parecer ese órgano prefiere reubicar a sus malos elementos y reintegrarlos a sus funciones a pesar de sus fechorías, una vez que la opinión pública baje su intensidad”.