El representante legal de las 600 familias desalojadas del predio Ampliación Xilotzoni, Roberto Santiago Hernández, denunció que tienen razones fundadas para asegurar que detrás de los supuestos dueños del terreno, Alejandro Flores Pastrana y Juan Luis Flores Carpentier, se encuentra Antonio Gali Fayad, candidato a la alcaldía capitalina por la Coalición Puebla Unida.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el abogado informó que tanto Pastrana como Carpentier son gente cercana a Gali Fayad, pero que están trabajando en recabar los documentos oficiales para realizar la denuncia pertinente.
A esto se suma, informó, una serie de irregularidades y abusos de poder que se cometieron durante el violento desalojo de las familias, donde se destruyeron con maquinaria pesada 101 viviendas de cartón, lámina y algunas construidas con cemento, que evidencian el vínculo de los prestanombres del predio con el gobierno estatal que les facilitó el trabajo.
En primer lugar, refirió, es que el Juez Noveno de lo Penal confabuló con Pastrana y Carpentier para emitir una orden de desalojo, que el mismo juez llevó a cabo el domingo 2 de junio a las 2:30 de la madrugada, cuando no es su facultad.
En segundo término, reveló que el desalojo fue encabezado por el juez que emitió la orden, con la participación de los secretarios de Seguridad Pública de Puebla y Tlaxcala, Facundo Rosas y Orlando Zaragoza, respectivamente.
En tercer lugar, documentó que esta acción es ilegal, ya que el predio pertenece a Bienes Nacionales, y no hay manera que un terreno de la Federación esté en manos de particulares.
Finalmente informó que el predio está resguardado en la actualidad por una docena de policías estatales preventivos –que no es su función vigilar terrenos–, para impedir que sus pobladores regresen a habitar sus casas.
“Hay una especulación sobre la tierra en Puebla y eso nos preocupa porque existen abusos situaciones similares del señor Gali en las comunidades de Santa Clara Ocoyucan y Santa María Tonantzintla, donde se apropió de predios a engaños”, refirió el abogado.
El informante precisó que el predio consta de 25 hectáreas que se encuentran a pie de la carretera estatal Puebla–Tlaxcala, donde se construirá un conjunto habitacional y un centro comercial.
Hace tres semanas fueron desalojadas violentamente 600 familias de esa tierra que pertenece a la Federación, como constató la Secretaría de Gobernación en mesas de trabajo con la gente de Xilotzoni.
Para demostrar que el predio de Ampliación Xilotzoni no tiene propietarios, Roberto Santiago Hernández presentó una notificación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –en poder de esta casa editorial–, donde la dependencia confirma que esta tierra pertenece a Bienes Nacionales.
En el oficio número 930/2013 se explica que “el predio Ampliación Xilotzoni es propiedad de la nación, como se publicó el 17 de agosto de 1989 en el Diario Oficial de la Federación, con una extensión de 25–89–64 hectáreas en posesión de un grupo integrado por 600 personas con escrituras que derivan de juicios de prescripción”.
Se precisa que el terreno se encuentra localizado dentro de la mancha urbana del municipio de Puebla, y que la situación socioeconómica de la mayoría de las familias es precaria, por lo que no tienen capacidad para pagar el costo de enajenación, ya que de conformidad con el artículo 161 de la Ley Agraria, los predios de vocación urbana el avalúo lo realiza el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
El oficio fue dirigido de la Sedatu al dirigente social de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbanas y Campesinas de Puebla, Delfino Flores Melga, quien lucha desde el año 2001 por la regularización de la tierra a favor de estas 600 familias.
La mayoría de las personas que se quedaron sin techo, son ancianos y madres solas que no cuentan con un trabajo estable ni con el recurso para adquirir una vivienda digna.
Al último, Roberto Santiago Hernández, abogado de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbanas y Campesinas de Puebla, dijo que interpusieron una denuncia para exigir a la Federación que restituyan el predio a sus posesionarios.