Denuncian opositores al gasoducto Tuxpan ante la ONU represión e imposición de megaproyecto

Las comunidades totonacas, nahuas y otomíes de los municipios de Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey, del estado de Puebla, opositoras a la construcción y operación del gasoducto Tuxpan–Tula, denunciaron ante el sistema interamericano de derechos humanos y en la Organización de Naciones Unidas (ONU), la forma artera y abusiva en que las autoridades municipales, estatales y federales se han conducido con quienes habitan la región, para despojarlos de la tierra e imponer el megaproyecto que incluso pone en riesgo la vida de los pobladores.

En ese sentido, el Consejo Regional de los Pueblos en Defensa del Territorio reclamó que desconocen a fondo los impactos negativos del proyecto “gasoducto Tuxpan–Tula”, y a pesar de ello la obra no se ha detenido y las autoridades, junto con los representantes de las empresas Bonatti y Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de Transcanada, han intensificado su presencia y acoso en nuestras localidades.

En un comunicado emitido este fin de semana, los pueblos organizados acusaron que son reprimidos por autoridades “contra quienes hemos logrado preservar nuestras culturas conservando la naturaleza y aprovechando sus bondades para sobrevivir en medio de condiciones económicas muy adversas, de exclusión y franca discriminación por parte del Estado y las múltiples empresas y agentes económicos que ahora quieren saquear las riquezas de estas tierras.


Expusieron que, cuando en las comunidades se ha manifestado una rotunda negativa al proyecto, señalaron que el Estado y las empresas se las han ingeniado para simular acuerdos y arrancar de las comunidades un consentimiento que no puede ser considerado previo ni libre ni informado.

Revelaron que para la construcción del gasoducto, las autoridades y las empresas han recurrido a todo tipo de mecanismos de despojo.

“La propiedad social campesina y la propiedad ancestral de los pueblos indígenas, lo mismo que la propiedad privada en nuestras localidades, están siendo acaparadas por los nuevos terratenientes que la reforma energética ha engendrado”, denunciaron.

Expusieron que los contratos de compraventa se celebran a precios irrisorios, bajo presión y engaños, mientras las autoridades municipales insisten en que “si no vendemos nuestras tierras, de todos modos el gasoducto va a pasar, porque ya son acuerdos entre el gobierno federal y las empresas extranjeras”.

A cambio, señalaron que las autoridades prometen caminos, reparaciones de la escasa infraestructura social con la que cuentan, pavimentación de calles, techos de lámina y algunos materiales de construcción o adornos para nuestros baños.

Ante lo expuesto, resumieron que la ejecución del proyecto es una agresión al entorno vital, al medio ambiente, la biodiversidad del territorio y la cultura.

“Se están talando ya miles de árboles, afectando la flora y la fauna en forma masiva y alterando los metabolismos naturales de la región, asimismo, se han dañado y dañarán manantiales y otras fuentes de agua, los cerros sagrados y las economías locales”, advirtieron.

Además –agregaron– habrá necesariamente desplazamiento de población, particularmente en la zona núcleo del proyecto, consecuencias que no son contempladas en las resoluciones de impacto social y ambiental.

Argumentaron que de la mano de la instalación del gasoducto vienen las minas a cielo abierto, la fracturación hidráulica, la privatización del agua, la instalación de hidroeléctricas, el robo de nuestros saberes tradicionales, de nuestras semillas y plantas, de nuestro clima y hasta de nuestra identidad cultural.

Como consecuencias, alertaron que “habrá la escasez de agua, aumento de la contaminación y desaparición de los ríos, la afectación del bosque mesófilo de montaña, el desplazamiento de miles de personas y la disminución de la calidad de vida de todos los que aquí habitamos”.

Frente a tales amenazas, los pueblos originarios de la Sierra Norte de Puebla y Otomí–Tepehua de Hidalgo, en ejercicio de la libertad de determinación y autonomía que gozan, y rechazando toda injerencia de partidos políticos, instituciones públicas corruptas u organizaciones civiles fraudulentas, así como la manipulación del proceso por parte de oportunistas locales y personajes con intereses mezquinos, al final decidieron defender sus recursos por las vías legales pertinentes y de forma pacífica.