Representantes legales de la empresa Casa Domínguez Bermúdez SA, del municipio de San Martín Texmelucan, presentaron una queja en contra del juez de Huejotzingo, Roberto Antonio Mendoza Salmorán, a quien acusan de una serie de abusos cometidos como servidor público y por desacato de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el orden de 29 millones de pesos.
Se trata del hijo del ex magistrado Alfredo Mendoza y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado.
En rueda de prensa, los abogados José Martínez Escobar y José Alberto Pérez Laguna expusieron que el juez de Huejotzingo se rehúsa a cumplir una orden del Poder Judicial de la Federación para dictar sentencia a favor de Casa Domínguez Bermúdez, por lo que no descartaron que Mendoza Salmorán haya recibido “recursos” del demandado, de nombre José Antonio Delfino Morales Domínguez, quien es socio de Casa Domínguez Bermúdez.
Esto con la finalidad de que el inculpado no restituya a la empresa un monto millonario que sustrajo a través de material de construcción de manera ilegal.
Los litigantes señalaron que el juez de Huejotzingo fijó una garantía al inculpado para evitar el remate de sus bienes y se cubra la reparación del daño. Por tal razón, informaron que presentaron una queja contra el juez, ante el Tribunal de Justicia del Estado por violaciones al procedimiento dentro del expediente 2216/2008.
Los declarantes advirtieron que se iniciará el procedimiento respectivo en la Junta de Administración contra el juez por mantener el caso sin resolver desde hace varios años.
Informaron que el juez Mendoza pronunció una sentencia definitiva sobre el proceso mercantil a favor del señalado, en un caso de fraude que proviene desde el año 2005, planteando que se encontraba prescrito el daño.
Precisaron que el desfalco por parte de Morales Domínguez fue inicialmente por un monto de 9.5 millones pesos, pero la cifra aumentó a los 29 millones de pesos por los intereses legales generados a la fecha.
Debido a esto, los abogados de la empresa informaron que interpusieron un recurso de apelación ante la Primera Sala en Materia Civil del Poder Judicial en Puebla, y el día 5 de marzo de 2013 ordenó al juez emitir una nueva sentencia.
Posteriormente, relataron que acudieron a la justicia federal y solicitaron un amparo para que el juez emitiera una sentencia final. El 12 de julio el juzgado Octavo de Distrito en el expediente 860/2013 exigió que el demandado, José Antonio Delfino Morales, pagara el monto total de los 29 millones de pesos.
En la ejecución de sentencia, dijeron, se ordenó la liquidación y reparación de daños materiales con el remate de tres inmuebles embargados en el juicio; sin embargo, señalaron que el juez Mendoza intercedió a favor del inculpado y dictó un “vistos” donde planteó que uno de los inmuebles con los que se pagaría el fraude tenía una copropietaria y no podía ser rematando.
Con ello, se retrasó nuevamente la ejecución de sentencia ahora dictada desde nivel federal.
“Estamos pidiendo enérgicamente al presidente, así como del pleno del Tribunal Superior de Justicia en el estado que intervenga, con motivo de todas las ilegalidades, arbitrariedades, abusos y dilaciones en la impartición de justicia cometidas en agravio del patrimonio de la sociedad mercantil”, refirieron al último.