La democracia no es más que un poder arbitrario constitucional que ha sustituido a otro poder arbitrario
constitucional.
Pierre Joseph Proudhon
Desde que Estados Unidos y las potencias occidentales adoptaron la democracia como único régimen deseable y posible, no escuchamos sino hermosas loas a tan esplendorosa forma de ejercer el poder. Pero en su práctica cotidiana tiene tantas artimañas que con frecuencia nos deja más confundidos que a Adán en un día de las madres.
Con motivo de las reformas de Peña Nieto, particularmente la energética, los mexicanos estamos entre aturdidos y sacados de onda. Por un lado los spots oficiales las presentan como la solución final a las décadas perdidas y anunciación del futuro luminoso. Por su parte los opositores las rechazan porque, afirman, es la vuelta al sometimiento a los designios extranjeros, la renuncia a una vía propia de desarrollo. Dicen que movieron a México pero en reversa. Que también es cambio decía Labastida.
Lo cierto es que en ese debate de pocos y en la decisión de menos, los ciudadanos no pintaron. Con ese argumento se ha propuesto una consulta para que los mexicanos digan si están de acuerdo o no con tales reformas. Respuesta que habría que darse en las urnas, junto con la elección federal de 2015.
Cuando se hizo la propuesta los voceros oficiales y oficiosos argumentaron que tal consulta no estaba reglamentada y, por tanto, sería ilegal llevarla a cabo. Luego vino la “reforma política” y aprovechando el viaje aprobaron la Ley Federal de Consulta Popular, promulgada el 14 de marzo pasado. Su artículo 4 dice “La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”.
El artículo 5 prevé que cuando la propuesta de consulta provenga de los ciudadanos el caso “…lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Y el artículo 6 precisa “Se entiende que existe trascendencia nacional” cuando los temas a consulta “repercutan en la mayor parte del territorio nacional” e “impacten en una parte significativa de la población”.
Hasta aquí la cosa parece seria y no hay restricción legal alguna para la consulta propuesta. Los retruécanos comienzan cuando, en su artículo 12, se exige que la petición sea respaldada por “al menos” el “2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores”. Es decir, se exigen más ciudadanos para apoyar una consulta que para registrar un partido.
De acuerdo con el IFE, la lista nominal en 2012 era de 79 millones 595 mil 618 ciudadanos, por lo que para efectos prácticos se puede redondear en 80 millones. Eso significa que los abajo firmantes requeridos para solicitar (por favor si son tan amables) una consulta son un millón 600 mil, debidamente acreditados en el formato oficial. En México la abstención suele rebasar 50 por ciento, así que exigir tal cantidad de adherentes exhibe el talante “democrático” de la ley.
A esta dificultad se agrega el que Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD por un lado y Andrés Manuel López Obrador y su Morena por otro, proponen preguntas diferentes y ambas podrían, si reúnen cada quien por su lado las firmas requeridas sin que se repitan en más de 20 por ciento según la ley, llegar a la Corte para que resuelva sobre su “constitucionalidad”.
La Corte podría resolver que ambas preguntas son válidas y, por lo tanto, votadas el día de la elección. Si ese día, de acuerdo con el artículo 64, la autoridad electoral indica que “la participación total en la consulta popular corresponde al menos a 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales”.
Para que usted acabe de hacerse bolas, el PRI y el PAN pretenden someter a consulta sus propias preguntas. El primero para reducir el número de diputados y senadores plurinominales y el segundo para aumentar el salario mínimo. Ambos temas podrían resolverlos ellos mismos, sin necesidad de consulta alguna como suelen hacerlo, si realmente quisieran hacerlo. Pero su obvia intención es hacer camotes a los ciudadanos, alentar su hastío sobre los temas políticos e inhibir su participación.
Todo este democrático enredo jamás será resuelto por los partidos. De eso viven. No es casual que al flamante Instituto Nacional Electoral (INE) le asignen un presupuesto superior a los 18 mil millones de pesos. Con ello la democracia mexicana seguirá siendo la más cara del mundo, sin que ningún político se ruborice ni se acongoje.
Dice su flamante consejero presidente, Lorenzo Córdova, que son para “no poner en riesgo la democracia”. Ajá. Los tecnócratas suelen ponderar el costo beneficio de los programas sociales para disminuirlos o desaparecerlos. ¿Por qué no hacen lo mismo con su remedo de democracia?
Cheiser: Se va Oportunidades y llega Prospera (sinónimo de Progresa). Se fue el IFE y llegó el INE. Se va Pemex y llega Exxon. No pues con tan profundos cambios seguro que ora sí se mueve México. ¡Viene viene! ¡quebrándose quebrándose!