Del extractivismo y la ingeniería de conflictos

Al cierre del siglo XX, la extracción de recursos naturales que soportaba la economía mundial llegó a un rango de entre 48 mil 500 a 60 mil millones de toneladas anuales, una tercera parte biomasa, 21 por ciento combustibles fósiles y 10 por ciento minerales. El consumo global per cápita alcanzó 8.1 toneladas de recursos naturales al año, la gran mayoría “frescos” (no reciclados). Por supuesto las asimetrías en el consumo era, y sigue siendo, de varios órdenes de magnitud pues se estima que el 10 por ciento de la población mundial más rica acapara el 40 por ciento de la energía y el 2 por ciento de los materiales. La tendencia de consumo no se ha mas que agudizado, presionando más y más las fronteras ecológicas planetarias.

En ese escenario, particularmente los países en desarrollo han jugado un rol como abastecedores de materia prima barata con nulo o bajo grado de transformación, que es lo que genera el mayor valor agregado. Tal división internacional del trabajo, o especialización, se ha profundizado de la mano de la dependencia tecnológica. Ello es observable, por ejemplo en el caso de México, en la composición de nuestro comercio internacional. Las exportaciones en el rubro de combustibles y minerales, según datos de la UNCTAD, aumentaron del 13.4 por ciento del total en 1995 a 20 por ciento en 2012. Y si bien las exportaciones de manufactura, el grueso maquila o bienes de bajo contenido tecnológico, constituyen el grueso de nuestras exportaciones, ésas incluso decrecieron del 77.5 por ciento a 72.7 por ciento en el mismo periodo. Por su parte, las importaciones de manufactura de tecnología media y alta (medicamentos, equipo eléctrico y de oficinas, maquinas herramienta, etcétera) se mantienen en el orden de las cuatro quintas partes del total importado (en 1995 eran el 80.1 por ciento, en 2012 del 78.2 por ciento), todo al tiempo que se triplicó la importación de combustibles y minerales, prácticamente gasolinas: se pasó de 4.4 por ciento en 1995 a 11.7 por ciento del total de importaciones en 2012. En resumen exportamos más recursos naturales e importamos más gasolinas; exportamos maquila e importamos bienes manufacturados de medianaalta tecnología.

La fuerte actividad extractiva y de baja transformación de los recursos naturales en México, y en sí de AL, también se comprueba al dar cuenta de la tipología de sus principales empresas. Según datos de América Economía, del total de ventas de las 500 empresas más importantes de AL, del orden de 2,598,877 millones de dólares en 2013, el 56.7 por ciento correspondieron a sectores que directamente hacen uso de los recursos naturales (el sector del petróleo y gas sumó 24 por ciento del total de ventas y la mineríasiderurgia el 10.45 por ciento).


En México las 500 empresas más importantes, según Expansión, representan casi tres cuartas partes de la economía, contexto en el que casi la mitad son netamente extranjeras aunque se adjudican más de la mitad de las ventas totales de dicho listado, si se excluye a Pemex. Los sectores que se sostienen del uso directo de recursos naturales se adjudicaron en el listado de 2012 alrededor de 34 por ciento de las ventas totales; sólo el petróleo representó el 14.9 por ciento del total de ventas.

Tal dinamismo del extractivismo en México y el mundo, que ciertamente recién verifica una relativa desaceleración provocada por la caída de los precios del petróleo, ha derivado en múltiples proyectos extractivos y de emplazamiento de infraestructura relacionada, muchos de los cuales son confrontados por la población local que vive directamente el despojo y la devastación de su tierra y de la naturaleza ahí contenida. No es por tanto casual, sino causal, el aumento de movilizaciones sociales bajo diversas figuras (movimientos o redes de justicia ambiental o de afectados: por la minería, por las presas y en defensa de los ríos, etcétera). En el mismo tenor, la criminalización de la protesta se ha recrudecido en un contexto cada vez más usual de esquemas de “ingeniería de conflicto”. Tales esquemas no sólo son más y más elaborados (en tanto a los actores involucrados y confrontados, la distorsión de la información y/o en la cooptación y deformación del discurso social), además son producidos durante e incluso antes de arrancar los proyectos extractivos pues ésos resultan funcionales al despojo y usufructo privado de los bienes comunes y que en México en gran medida son de propiedad social.

Tan sólo en el caso de la minería, el Observatorio de Conflictos Ambientales de América Latina (OCMAL) registra a la fecha la existencia de 211 conflictos en la región, 34 en México, incluido entre ésos el caso de Zacualpan en Comala, Colima que, como precisé en la nota del 4 de Marzo, se trata de un caso típico de ingeniería de conflicto ya que lo que está en juego son fuertes intereses privados, no sólo empresariales, que procuran condiciones favorables para hacerse de los recursos naturales de dicho territorio. Dicha ingeniería pasa por la fractura y el desgaste de la comunidad, lo que rápidamente permite calificar el asunto como un “conflicto interno”. Una vez “validado” como tal, se instala el uso de la fuerza como medida “justificable”, misma que permite a su vez la ocupación y restructuración de la gestión concreta del territorio, ello incluso en medio de una situación de violencia o falta de “gobernanza” (pero nótese, no de control del territorio).

Este modus operandi, desgraciadamente cada vez más usual tanto a nivel nacional como internacional, y cuyo trasfondo en el caso Zacualpan es la disputa por el usufructo del agua que abastece a Colima y su zona conurbada, pero eventualmente también de los minerales presentes (oro y cobre, esencialmente), por lo general atropella los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la autogestión de los territorios, aún si los pueblos operan plenamente dentro del marco de la Ley. La visita de la Misión Internacional y Nacional de Observación del caso Zacualpan lo ha corroborado.

El informe preliminar de las actividades de dicha Misión (http://otrosmundoschiapas. org/docs/informe_caso_zacualpan.pdf) realizadas los primeros días de marzo del presente año describe, entre otras cuestiones, el manejo distorsionado de la información; la clara intención por parte del gobierno del estado de Colima de no actuar conforme a derecho, abonando así a la impunidad y a la falta de procuración de justicia para dirimir el conflicto; la presunta existencia del contubernio de algunos operadores políticos y la torpeza de otros; la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas; la criminalización, persecución y amenazas contra las y los defensores de los derechos humanos; así como la atomización social que facilita el despojo de los bienes naturales de los pueblos. Considerando lo antes dicho, la Misión hizo un llamado a la restitución inmediata del usufructo de los recursos naturales del pueblo de Zacualpan conforme a derecho y en manos de la autoridad agraria en turno, legítima y democráticamente electa, así  como a la cancelación definitiva de las concesiones mineras en el territorio de Zacualpan,

Ante este tipo de situaciones de ingeniería de conflictos, funcionales al despojo, y de frente a la crisis sistémica y civilizatoria por la que atraviesa la humanidad, diversos intelectuales y actores sociales demandan correcta y enérgicamente paz, justicia, respeto, dignidad y genuino diálogo como principios básicos para la construcción de alternativas territoriales que sin duda son cada vez más urgentes. En dicho sentido se celebran los esfuerzos democráticos y participativos de construcción de otras territorialidades, alejadas del extractivismo, el desarrollismo y la transgresión socioecológica, es decir de los espacios de la diferencia o de resistencia biocultural, tal y como Arturo Escobar y Víctor Manuel Toledo respectivamente los califican.