Definirá Congreso el próximo mes futuro de la Ley Bala: Eukid Castañón

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Eukid Castañón Herrera, dio a conocer que el próximo mes podría definirse el futuro de la Ley que Protege los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, mejor conocida Ley Bala, que algunos diputados y grupos sociales pidieron derogar desde hace más de un año.

En entrevista, dio a conocer que las definiciones sobre la normativa forman parte de los pendientes que tiene el órgano legislativo que encabeza, el cual no ha establecido si la legislación será suprimida o corregida.

Hace exactamente un año, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas turnó una iniciativa al Congreso para abrogar la ley, que él mismo propuso en mayo de 2014, ante el escándalo internacional que provocó la muerte de un menor de edad en un operativo de la Policía Estatal el 9 de julio de 2014 en la comunidad de Chalchihuapan, donde se puso en práctica la ley.


La Comisión de Gobernación acordó en su última mesa de trabajo realizar una revisión exhaustiva de los temas pendientes, para que puedan ser dictaminados en un periodo extraordinario, entre los que se encuentra “la mal mencionada Ley Bala”, expuso Castañón este día.

La Ley que Protege los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública recibió el mote de Ley Bala debido a que proponía originalmente facultar a los cuerpos de seguridad pública a utilizar armas de fuego contra manifestantes, situación que dio a conocer La Jornada de Oriente el 16 de mayo de 2014.

El Congreso aprobó la normativa el 19 de mayo y se publicó en el Periódico Oficial del Estado con algunas correcciones, entre las que se encontró la sustitución de las armas de fuego por armas no-letales para hacer prevalecer el “orden colectivo”.

En el operativo de Chalchihuapan del 9 de julio falleció el niño José Luis Tehuatlie Tamayo por el impacto que recibió en la cabeza de un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la policía estatal, de acuerdo con las conclusiones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).