Defiende Finanzas PPS señalados como inconstitucionales por el CEEY

El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Raúl Sánchez Kobashi, defendió la permanencia en ley de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), mientras el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) demanda su anulación ante la deuda de 33 mil millones de pesos que generó su uso en Puebla durante el sexenio pasado.

Entrevistado al término de un acto público, el funcionario alegó que el gobierno de Antonio Gali Fayad no hará uso de ese esquema de inversión pública-privada, el cual a su parecer se encuentra apegado al marco normativo del país.

Además, dijo que la deuda actual de Puebla se encuentra avalada por calificadoras internacionales, porque no representa un riesgo para las finanzas públicas del Estado.


Ante las advertencias del CEEY de que los PPS son inconstitucionales porque la Administración Estatal no requiere la aprobación del Congreso local para implementarlos, Sánchez Kobashi manifestó que el Poder Legislativo “tiene muy clara esta figura” por lo que “no puede ser anticonstitucional”.

Enrique Cárdenas Sánchez, presidente del CEEY. Foto: Internet.
Enrique Cárdenas Sánchez, presidente del CEEY. Foto: Internet.

– El Centro de Estudios señala que es inconstitucional porque no pasa por el Congreso la aprobación de estos proyectos –enfatizó un representante de los medios de comunicación.

– No, sí pasó. El Congreso lo aprobó, es lo que tengo entendido -insistió.

Sí son un riesgo para las finanzas: CEEY

Enrique Cárdenas Sánchez, presidente del CEEY y ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), aseguró que los PPS sí son un riesgo para las finanzas públicas porque vulnera la colaboración entre poderes y no están sujetos a ninguna disposición jurídica que establezca un límite para comprometer recursos del erario.

El 31 de mayo pasado, recordó en una entrevista radiofónica que se han presentado diversos amparos contra el uso de ese esquema, al tiempo de hacer votos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga esos recursos jurídicos con el fin de que defina su anulación por ser inconstitucional.