De acuerdo con Juan Bezaury, integrante de la organización no gubernamental The Nature Concervancy (TNC) y del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los decretos de conservación no han sido suficientes para contener los proyectos turísticos y mineros que atentan contra las áreas naturales protegidas.
Según sostuvo, uno de los problemas fundamentales es que las evaluaciones de impacto ambiental de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tan sólo pueden emitir una opinión técnica sobre dichos proyectos sin que esta tenga que ser tomado en cuenta.
Por lo tanto, considera que las manifestaciones de impacto ambiental que se presentan en proyectos turísticos, carreteros o industriales, emitan valoraciones “vinculantes” y para ello la ley necesitaría ser cambiada.
Aunque la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la que se encarga de dictaminar estas manifestaciones, con este cambio de ley, las opiniones que estas emitan no serían sólo recomendaciones sino obligaciones efectivas.
(Con información de La Jornada en Línea)
S.S. Lya Camille Morales Hdez.