Declaración General de Inconstitucionalidad. ¿Poder Judicial Legislador?

En diversas entregas, hemos hecho alusión a la necesidad de que se respete a cabalidad el artículo 49 de la CPEUM, en tratándose de la división de poderes, entonces:

…No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar…

Salvo el caso previsto en los supuestos para la suspensión de garantías que se le confieren al Ejecutivo federal, así como las facultades extraordinarias que prevé el artículo 131 del máximo ordenamiento legal como facultad exclusiva del presidente de la República en tratándose de comercio exterior.


También hemos tratado lo concerniente a la aplicación del Control Difuso de la Convencionalidad y Constitucionalidad ex oficio, que deriva de la aplicación irrestricta de los artículos 1 y 133 de la Carta de Querétaro y la obligación de las autoridades, incluyendo las militares, para inaplicar una norma secundaria cuando esta colisiona con los Derechos Humanos que protege nuestro máximo ordenamiento legal.

Hemos sostenido que, a virtud de la división de poderes y las facultades que la Constitución les confiere, de manera especifica al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se hace insoslayable y se da por sentado que, ninguno de ellos pueda de manera alguna invadir la esfera de otro poder.

Para mayor compresión del tema citaremos lo previsto por los artículos 231 al 235 de la Ley de Amparo que dimanan del artículo 107 fracción II, párrafo segundo y tercero, que se transcriben a continuación para dar mayor claridad a esta entrega:

“…II…

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. 

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria…

La anterior aporía surgió en una charla con dos brillantes alumnos que me asisten en mis tareas cotidianas como abogado postulante, Luis Ángel Paisano Morales y Aldo Cortes Chilaca, quienes con cierta razón, más que incertidumbre, cuestionaban la impronta del 49 constitucional al considerar que los textos contenidos en la Ley de Amparo y los párrafos del 107 de la CPEUM, citados ut supra, materialmente convertían al Poder Judicial en invasor a las facultades propias del Ejecutivo, prima facie, notificando a la autoridad emisora de la norma materia de la jurisprudencia por reiteración que determina su inconstitucionalidad, y en segundo término, estableciendo el plazo de los 90 días naturales como máximo, para que en caso de no superar (sic?) el problema de inconstitucionalidad la SCJN, cuando se dé la mayoría de ocho votos, hará la declaratoria general de inconstitucionalidad, salvo cuando se trate de normas de naturaleza tributaria. La aparente trapisonda tiene tela. En efecto el contenido de los preceptos de la Ley de Amparo que aquí se contienen, en la parte conducente del artículo 232 párrafo segundo se previene: “…Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos…

Como podremos ver, si bien la hipótesis de la norma transcrita, no modifica ni deroga la norma, declarada inconstitucional, sí “ejerce presión” para que el Poder Legislativo lo haga y en caso de no hacerlo, se procederá con la respectiva, declaración general de inconstitucionalidad, por parte de la SCJN, con mayoría de ocho votos.

En un ejercicio práctico, mis estudiantes y el que esto escribe, tratamos de imaginar un acto, en el que el Poder Ejecutivo o el legislativo, asumiera una actitud en la que conminara al judicial a la función de determinada postura relacionada con sus facultades constitucionales.

Desde mi particular punto de vista no se violenta el artículo 49, lo importante es lo que piensen ustedes mis amables lectores.