El gobierno del estado despojó de dos y media hectáreas de terreno al campesino Samuel Torres Robles, en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, para la ampliación del estacionamiento de la planta armadora de automóviles Volkswagen, y después de dos años no le ha pagado la indemnización de su patrimonio.
Esto ocurrió antes de que en Puebla, el Congreso local aprobara la llamada “Ley Despojo”, que avala la expropiación de tierras e inmuebles para “utilidad pública”, sin el consentimiento de sus propietarios.
Por esta razón el señor Torres Robles recurrió a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), para que le informen del origen y destino del recurso para el pago de sus tierras.
El abogado del agraviado José Miguel Osorio Santiago explicó que el gobernador Rafael Moreno Valle dio poder al señor Mario Ayala para que promoviera juicios de usucapión para construir la nueva obra de la armadora alemana.
“Entonces nosotros nos dimos cuenta hasta que se había dictado sentencia y todo”, admitió el litigante.
En entrevista, explicó que recurrió al amparo, y en tres ocasiones le dictaron sentencia y se tuvo que ir a la revisión, ganando en la última ocasión.
Además, denunció que los jueces le advirtieron “ya no le hagas al cuento porque no te vamos a dar nada y hasta ahí va a llegar”.
Y como fue, el abogado refirió que en la última resolución aún con pruebas ya no les dieron la razón.
Expuso que por tal razón se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Mario Ayala, quien a nombre del gobierno morenovallista estaba quitando propiedades en la zona de Ocotlán, para la ampliación de la Volkswagen.
“Mario Ayala llegó con órdenes del gobernador para que a mi defendido lo despojaran de dos y media hectáreas de tierras”, señaló.
Por lo que relató que se trasladaron a las oficinas del Banco de la Tierra, que es un fideicomiso que puso el gobierno estatal para pagar las indemnizaciones, pero denunció “ya agote toda las instancias para que le paguen a don Samuel, pero no nos hacen caso”.
Ante ello, indicó, se recurrió a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), en la ciudad de Puebla, donde presentó personalmente una solicitud de información dirigida a la Secretaría de Finanzas estatal para que responda sobre la negativa al pago de tierras.
“La dependencia dijo que nunca pagaron, entonces yo digo como es que ya entregaron las escrituras y dicen que no; no hicieron ningún trato con el propietario y en el Banco de la Tierra dicen que ya les pagaron a todos”, hizo público.
El litigante dijo que no es justo que el gobernador se “pare el cuello” diciendo que respeta los derechos humanos, cuando una violación flagrante es el despojo a la propiedad de don Samuel Torres, dedicado a la labor del campo.
Arguyó que la Constitución Mexicana establece que se debe de respetar tu propiedad y también la posesión, y señaló que el gobierno sabiendo de la medida, le valió y tomó por la por la fuerza la posesión de la propiedad.
En tanto, la CAIP dio a la Secretaría de Finanzas un plazo de tres días hábiles a partir de su notificación para que den cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión 11/SFA –03/2015, donde deben responder de manera puntual, sobre la expropiación del predio de San Francisco Ocotlán, ubicado en Coronango. El gobierno del estado despojó de dos y media hectáreas de terreno al campesino Samuel Torres Robles, en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, para la ampliación del estacionamiento de la planta armadora de automóviles Volkswagen, y después de dos años no le ha pagado la indemnización de su patrimonio.
Esto ocurrió antes de que en Puebla, el Congreso local aprobara la llamada “Ley Despojo”, que avala la expropiación de tierras e inmuebles para “utilidad pública”, sin el consentimiento de sus propietarios.
Por esta razón el señor Torres Robles recurrió a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), para que le informen del origen y destino del recurso para el pago de sus tierras.
El abogado del agraviado José Miguel Osorio Santiago explicó que el gobernador Rafael Moreno Valle dio poder al señor Mario Ayala para que promoviera juicios de usucapión para construir la nueva obra de la armadora alemana.
“Entonces nosotros nos dimos cuenta hasta que se había dictado sentencia y todo”, admitió el litigante.
En entrevista, explicó que recurrió al amparo, y en tres ocasiones le dictaron sentencia y se tuvo que ir a la revisión, ganando en la última ocasión.
Además, denunció que los jueces le advirtieron “ya no le hagas al cuento porque no te vamos a dar nada y hasta ahí va a llegar”.
Y como fue, el abogado refirió que en la última resolución aún con pruebas ya no les dieron la razón.
Expuso que por tal razón se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Mario Ayala, quien a nombre del gobierno morenovallista estaba quitando propiedades en la zona de Ocotlán, para la ampliación de la Volkswagen.
“Mario Ayala llegó con órdenes del gobernador para que a mi defendido lo despojaran de dos y media hectáreas de tierras”, señaló.
Por lo que relató que se trasladaron a las oficinas del Banco de la Tierra, que es un fideicomiso que puso el gobierno estatal para pagar las indemnizaciones, pero denunció “ya agote toda las instancias para que le paguen a don Samuel, pero no nos hacen caso”.
Ante ello, indicó, se recurrió a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), en la ciudad de Puebla, donde presentó personalmente una solicitud de información dirigida a la Secretaría de Finanzas estatal para que responda sobre la negativa al pago de tierras.
“La dependencia dijo que nunca pagaron, entonces yo digo como es que ya entregaron las escrituras y dicen que no; no hicieron ningún trato con el propietario y en el Banco de la Tierra dicen que ya les pagaron a todos”, hizo público.
El litigante dijo que no es justo que el gobernador se “pare el cuello” diciendo que respeta los derechos humanos, cuando una violación flagrante es el despojo a la propiedad de don Samuel Torres, dedicado a la labor del campo.
Arguyó que la Constitución Mexicana establece que se debe de respetar tu propiedad y también la posesión, y señaló que el gobierno sabiendo de la medida, le valió y tomó por la por la fuerza la posesión de la propiedad.
En tanto, la CAIP dio a la Secretaría de Finanzas un plazo de tres días hábiles a partir de su notificación para que den cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión 11/SFA –03/2015, donde deben responder de manera puntual, sobre la expropiación del predio de San Francisco Ocotlán, ubicado en Coronango.