De reformas y cosas peores

Un Estado es gobernado

mejor por un hombre bueno

que por unas buenas leyes.


Aristóteles

 

Las inconsistencias programáticas y el predominio de los intereses oligárquicos que dieron al traste con el Pacto por México se ven y se sienten a plenitud en los debates referidos a las otrora flamantes reformas estructurales de Enrique Peña Nieto.

El acuerdo logrado entre EPN y las dirigencias de los tres “grandes” partidos nacionales alcanzó su mayor expresión en las reformas constitucionales en materia educativa, hacendaria, energética, electoral y telecomunicaciones, principalmente. Sin embargo, a la hora de materializarlas en leyes secundarias prevalece la intención de revertir el espíritu que les dio origen, anulando cualquier posibilidad de alterar el mundo maravilloso de los poderes fácticos y las grandes empresas locales y trasnacionales.

Sin las ataduras del Pacto cada grupo de interés, dentro y fuera de los ámbitos legislativos, jala pa su santo sin pudor ni rubor. Ya no hay posibilidad de consenso donde ayer lo hubo.

En el tema electoral no se ve por donde la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) vaya a llenar los vacíos y resolver los entuertos dejados por el IFE. Para empezar (mal) porque en la designación de sus consejeros, volvió a prevalecer el reparto de cuotas entre los partidos. Y, principalmente, porque no habrá cambios sustanciales en la legislación que afecten el predominio de los intereses partidarios sobre los de la nación y los ciudadanos. Los pocos avances logrados en la reforma constitucional, están siendo anulados en las leyes secundarias.

Por ejemplo: para registrar las candidaturas “independientes”, ahora reconocidas en la Constitución, se exigen requisitos sobradamente mayores a los que se piden para registrar un partido. Los gastos de campaña se mantienen en la opacidad bajo la sempiterna figura del “prorrateo” y para quienes rebasen los topes legales de campaña se mantiene la sanción de las multas, que al final se pagan con recursos públicos. Nada de descalificar a los tramposos y corruptos. Que siga la fiesta.

Peor está la reforma de las telecomunicaciones, que tan altas expectativas había generado. El tema de los monopolios, que era el eje principal de la reforma constitucional, ha sido, al parecer, dejado de lado por otros que incluye la propuesta de Peña Nieto, como la de “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en actos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Calificada abiertamente por el senador Javier Corral, como una maniobra distractora, ya que “es tan burda que seguramente no pasará en el Congreso”. Pero por lo pronto ya ha acaparado la atención en las redes sociales y provocado la movilización de los usuarios, la mayoría jóvenes, quienes han sido violentamente reprimidos.

Y la premura por aprobar la disminuida reforma ha encolerizado a los legisladores empeñados en que se respeten los preceptos constitucionales ya vigentes. Por lo pronto están exigiendo que la telebancada no participe en el debate y la votación de la ley, apelando al artículo 8o. de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que los obliga a excusarse de intervenir “en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos”.

Encabeza la lista Javier Lozano, reconocido provocador y golpista, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado, cuya esposa, Silvana Ponzanelli, es directora de la Fundación Televisa, según denuncias del senador Manuel Bartlett y la diputada Purificación Carpinteyro.

Le siguen otros senadores del Partido Verde Ecologista de México, entre ellos Ninfa Salinas, hija del propietario de TV Azteca; Carlos Alberto Puente Salas, ex asesor de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Gerardo Flores, ex asesor de Televisa y Luis Armando Melgar, quien fuera director de Canal 40 y preside la Fundación Azteca en Chiapas. Se incluye también a la hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticias de Televisa, la senadora del PRI, Arely Gómez.

El conflicto de intereses es evidente, ya que los supuestos representantes populares no son sino empleados del duopolio televisivo y donde manda capitán…

Por supuesto que cobra vigencia la versión de que le verdadero pacto de Peña Nieto no es con México sino con Televisa, cuyo prócer, Emilio Azcárraga Milmo, padre del dueño actual, se declaraba orgulloso fiel soldado del PRI. Mientras los hechos no demuestren lo contrario la versión es válida.

Como siempre, los legisladores se las arreglan para dejar los temas importantes al cuarto para las doce, evitando, o tratando de evitar, que se discutan a fondo y, sobre todo, que el grueso de la población no se entere ni alcance a reaccionar.

Generalmente se salen con la suya y nos pasan las leyes como bolas de humo, ya veremos si la historia se repite. Como comedia o tragedia.

Cheiser: La terquedad y autoritarismo del gobernador Rafael Moreno Valle, empieza a hartar a los poblanos. Las manifestaciones públicas en protesta por sus absurdos y arbitrarios “megaproyectos” y por la libertad de quienes se han atrevido a llevarle la contraria al berrinchudo gobernante, están creciendo peligrosamente. La pradera está seca, más le vale no jugar con lumbre.