En 2018 se disparó en Puebla la incidencia de nueve de 12 delitos de alto impacto, situación que el Observatorio Ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) calificó de “preocupante” porque el estado llegó a máximos históricos. El mayor repunte se registró en extorsiones, robo a transportistas y secuestro pues de 2017 a 2018 se incrementó el número de carpetas de investigación en 46, 39 y 31 por ciento, respectivamente.
Nuevamente en la edición de hoy se presentan cifras que exhiben el deterioro en la inseguridad pública en la entidad. Se debe aclarar que aunque los números corresponden a una estudio efectuado el año pasado, la dramática incidencia no es resultado de ese periodo, sino derivado obvio de los yerros o complicidad que hubo del morenovallismo.
En efecto, esta casa editorial dio cuenta puntual de la negligencia sospechosa que desde el gobierno que encabezó el hoy fallecido panista, Rafael Moreno Valle Rosas, propició un aumento nunca antes visto de la delincuencia y la criminalidad en el estado de Puebla.
Si 2018 ha sido el año más violento del que se tenga memoria en la localidad, eso se debe a que durante los 6 años anteriores se omitieron deliberadamente estrategias de seguridad, como la necesaria depuración de las corporaciones policiacas, se toleró la corrupción de las instituciones, se usó a la ahora llamada Fiscalía General del Estado (FGE) no para investigar ilícitos sino para fabricarlos en contra de opositores, disidentes o simples inconformes.
Es necesario, cuanto antes, remediar esta grave situación, a la que no abonan descuidos en otros niveles de gobierno.