De la criminalización al asesinato

Antonio Esteban Cruz era dirigente regional en Cuetzalan del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular y miembro activo del Frente Indígena y Campesino de México, creado el pasado mes de marzo con la finalidad de defender la tierra y el agua como bienes comunes de los pueblos y exigir que la voz de los afectados por los proyectos mineros sea escuchada por los gobiernos federal y estatal.

El Ejecutivo federal ha realizado al menos 90 concesiones mineras en la Sierra Norte de Puebla en una superficie de 120 mil hectáreas; la quinta parte del territorio serrano; además, de ocho proyectos hidroeléctricos para abastecer de agua y electricidad a las mineras y venderle los excedentes a la Comisión Federal de Electricidad (La Jornada de Oriente, 18/12/12 y 18/10/13). La ejecución de dichos proyectos atenta contra la conservación de la biodiversidad biológica de la Sierra y contra la cultura y patrimonio de los pueblos ahí asentados, razones por la que han iniciado la defensa colectiva de sus tierras, aguas y de su propias vidas.

Ya se han liberado las concesiones para el uso y desvío de las aguas de los ríos Ajalpan, Apulco, Zempoala, Acateno, Atexcaco, Xiucayucan, Puxtla, Xomiaco y Cocaxtitla y, de esa manera, generar 275 megawatts (CFE. Prospectiva del sector eléctrico 2009–2024:161). Esas acciones reubicarán algunas comunidades, invadirán tierras de pastoreo y de uso agrícola y privaran de agua a los pueblos serranos, además de contaminar mantos freáticos y tierras cultivables. Para la defensa de sus bienes y culturas, muchos pueblos, ejidos, comunidades se han unido y organizado y han conocido por esa acción la amenaza, la cárcel y, en el caso de Antonio Esteban, la muerte.


Desde los años 70 Antonio Esteban Cruz fue un activo defensor de 138 hectáreas que 55 familias le disputaban al terrateniente Hugo Cantellano Gutiérrez en el predio llamado Paso María Cristina, del municipio de Ayotoxco de Guerrero, conflicto aún no resuelto. Actualmente era uno de los líderes que se oponían al proyecto hidroeléctrico Cuamono ubicado en los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco, en dicho proyecto se invertirán 141 millones de dólares para producir 37 megawatts.

Este asesinato no es un hecho aislado; hace dos años las familias que ocupan el predio Paso de María Cristina fueron agredidas por paramilitares del grupo autodenominado Los Dorados y, recientemente han sido encarcelados representantes comunales que se oponen a los proyectos mineros en Puebla: Enedina Rojas, Abraham Cordero, Juan Carlos Flores y Avelino Velázquez; otros fueron amedrantados con el explícito objetivo de invisibilizar esos movimientos, como fue el caso de los universitarios Ricardo Pérez Avilés, Alberto Melchor Montero, Aranza Vargas, René Trujillo e Iliana de Jesús Lozano.

En otras entidades los opositores a los proyectos mineros también han sido asesinados: Mariano Abarca Roblero fue abatido en Chicomocelo, Chiapas, el 27 de noviembre de 2009; Bernardo Velázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, dirigentes del Consejo de Pueblos Unidos en defensa del Valle de Ocotlán, Oaxaca, fueron asesinados en 2012; en Sinaloa, los ambientalistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Contreras Solís fueron ultimados el 22 de octubre de 2012; Noé Vázquez Ortiz, ambientalista de Amatlán, Veracruz, fue acribillado el 2 de agosto del año pasado, y Ramón Corrales Vega, miembro de El Barzón y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, fue asesinado en Chihuahua el 24 de mayo del año en curso. Estas personas tenían una utopía: la defensa de la tierra, el agua y la vida; ideal también compartido por los ambientalistas de los estados de Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Colima, Morelos y Puebla, reprimidos por cuerpos policiacos y paramilitares.

En un tiempo muy corto, los defensores de su patrimonio y cultura han sido amedrentados, criminalizados, reprimidos y, en no pocos casos, asesinados. Apremia cederle el paso al parlamento y guardar la pólvora para fines que lo ameriten, que no es desde luego el de la protesta o movilización social.




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