De amnistía, pactos con delincuencia e impunidad

La propuesta de amnistía a presuntos miembros del crimen organizado como una de las vías posibles para lograr la pacificación del país, planteada por el candidato López Obrador, ha sido atacada duramente por sus contrincantes de PRI y PAN con argumentos falsos. Descalifican tal proposición ocultando que se trata de un mecanismo de solución de conflictos previsto en la Constitución. Abogados de profesión, saben que la amnistía es una facultad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al Congreso de la Unión, y no al Presidente de la República. El artículo 73 dice: “El Congreso tiene facultad: XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación”. Suponemos que en ellos no cabe confusión entre amnistía e indulto. El artículo 89 constitucional, lista: “Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”. Las diferencias entre ambas figuras son claras: la amnistía favorece a involucrados en hechos calificables de delito, que gozan de la presunción de inocencia; es aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores; representa olvido. El indulto beneficia a reos sentenciados; lo concede el presidente, y entraña perdón.

Si por convicción propia sostienen que esa propuesta significa que el candidato de Morena pretende perdonar a delincuentes, sacarlos de la cárcel, o pactar con el crimen organizado; exhiben desconocimiento de la Constitución. Si por estrategia político–electoral tergiversan intencionalmente el significado jurídico del vocablo, adulterando con ello el sentido auténtico de la propuesta de su oponente, muestran deshonestidad política. Una simple propuesta de campaña ha sido elevada a la categoría de mal de nuestros tiempos para linchar mediáticamente a quien ha osado hacerla.

Un reciente estudio de la Universidad de Las Américas Puebla muestra que, en toda América, México es el país con mayor impunidad frente al delito. (http://www.econ sulta.com/nota/20170828/sociedad/me xicoelmasimpunedeamericaestudiodeudlap). Impunidad significa dejar sin sanción el delito, por falta de prevención, persecución o castigo. Es una omisión de Estado por decisión implícita de los actos de gobierno: subejercicio de presupuestos para seguridad pública, adelgazamiento de burocracia, corrupción, decisiones políticas, etcétera. Las combinaciones de mecanismos de impunidad son variadas y los resultados que obtiene son infinitos. Puede ser creada para lograr ciertos fines, o pactada para conseguir otros. Son pactos ajenos a toda mirada indiscreta. Para nadie es un secreto que la economía del crimen, en el capitalismo, es uno de los puntales de la economía, y sostén del mercado interno. La realidad de nota roja de todos los días agobia a una sociedad que grita: la corrupción, inseguridad y ausencia de Estado de Derecho frenan el crecimiento de México (http://www.lajornadadeorien te.com.mx/2018/01/26/corrupcioninseguridadausenciaestadoderechofrenancrecimientomexicoimef/). Esto es lo que realmente tenemos: falla del Poder Ejecutivo en seguridad pública por incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 21 Constitucional.


¿Qué hacer?, ¿cómo combatir impunidad y la estela de violencia que acarrea?, ¿quiénes, y para qué, la generan?, ¿cuáles son las causas políticas, económicas, sociales y culturales que la explican? Si bien por su amplitud temática, tales cuestiones no caben en el formato del debate presidencial que dura dos horas, ni en la propaganda a base de espots; es fundamental que como sociedad las consideremos porque en ello nos va el desarrollo de la vida cotidiana y el destino de país. A los poblanos, nadie puede venir a decirnos que la inseguridad pública se resolverá dotando de “autonomía” a los fiscales general y anticorrupción (http://www.jornada. unam.mx/2018/01/30/politica/011n2pol) puesto que la experiencia nos enseña que tales investiduras tienen más función de encubrimientos políticos, que eficiencia en el combate al delito.

Políticas de seguridad pública han ido y venido, en la Federación y en la entidad. Los ceños fruncidos que prometieron el combate frontal a la delincuencia y la firme aplicación de la ley, aun incorporando a las fuerzas armadas, dejaron el sabor amargo del engaño. La cruenta realidad sigue mostrando, cada día, que en materia de seguridad pública vamos de mal en peor. En esta elección, efectivamente, existen dos visiones de país. López Obrador ha insistido en la suya, pregonada durante 20 años y por ello conocida. ¿Cuál es la otra? La del continuismo; seguir por donde venimos.

Esos candidatos están recurriendo, en sus arengas públicas, a una especie de desdoblamiento de personalidad. Saben que el proyecto político que nos ha empujado socialmente hasta donde estamos, es el impulsado por los partidos que, ahora, ellos representan. Pero no lo dicen. Se presentan como personas “diferentes”, “ciudadanos”, o “independientes”; alaban sus propias virtudes personales e intentan encubrir, así, su vocación por continuar con las rancias prácticas gubernativas que nos han arrojado al embrollo de la inseguridad pública del que, bajo los gobiernos que antecedieron, con las siglas y proyectos políticos que ellos enarbolan, no pudimos salir. Por el contrario, nos encontramos frente a la perspectiva del desastre humanitario, la debacle moral y la putrefacción social.

El problema por resolver es cómo sacar a México del problema de la inseguridad pública que, desde hace 30 años, ha convertido al país en escenario que ofrece espectáculos de horror en toda su geografía. ¿Ayudaría la amnistía? El debate político, no solo en tiempos electorales, pero acentuadamente en ellos, debe tener por finalidad determinar qué tipo de sociedad queremos ser y cómo queremos organizarnos para llevar nuestra vida en común; requiere la intervención y participación de todos, con ideales, perspectivas de análisis y propuestas de solución. La función de organizar ese querer colectivo corre a cargo del Estado. Los candidatos a la presidencia aspiran a convertirse, conforme a nuestro modelo político constitucional, en jefe del Estado mexicano. Nada más por ésta razón debemos exigirles: honradez intelectual para dirigirse a la ciudadanía; honor político en la contienda electoral; y altura de miras en sus propuestas de gobierno para conducir al Estado en beneficio de toda la nación.