Acusan damnificados desvío de 17 mdp que eran para la reconstrucción de viviendas

A medio año del terremoto del 19 de septiembre, damnificados del municipio de Jolalpan denunciaron el desvío de recursos por 17 millones de pesos por parte de la Sedatu que estaban etiquetados para la reconstrucción de 951 viviendas, de las cuales 58 fueron pérdida total.

Por lo tanto, responsabilizaron de este desvío de Recursos de Programas Estatales de Puebla al ex subsecretario de Vivienda de la Sedatu; Juan Carlos Lastiri Quiroz; al ex secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado; al encargado de despacho de la Sedeso en Puebla, Roberto Villareal Vaylón; al director de Vivienda; Ricardo González Ramírez; y al alcalde de Jolalpan, Antonio Javana García.

“No dudamos que el recurso haya sido desviado al proceso electoral, pues mucha gente sigue viviendo en la calle, en casas de campaña, porque en Jolalpan no se construyó ninguna vivienda como reportó en diciembre el gobierno”, acusó.


La mañana de este lunes un grupo de pobladores afectados por el sismo de los municipios de Jolalpan e Izúcar de Matamoros se trasladó a la ciudad de Puebla para ofrecer una rueda de prensa, donde denunció desvío de recursos y la falta de ayuda del gobierno federal.

Pobladores de las comunidades del sur del estado de Puebla revelaron que siguen sin recuperarse física y psicológicamente. La gente sigue viviendo en las calles, en casas de campaña, y en algunos casos como Jolalpan no llegó la reconstrucción de viviendas.

En rueda de prensa, Ángel Manuel López Rafael y Jorge Ovando, representante de los damnificados, solicitaron una audiencia directamente con el gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, para exponer la realidad en la que viven.

También acusó que las viviendas que están siendo construidas por la empresa MIA están  efectuando las edificaciones sin llevar un control de calidad, no cuenta con reporte de resistencia de concretos ni con otras medidas científicas y técnicas que sustenten que las casas no caerán si ocurre un sismo de la misma magnitud.

Asimismo, hicieron un llamado a los damnificados en los 112 municipios declarados en emergencia, tras el terremoto, para protestar el próximo 2 de mayo a las 14 horas en las instalaciones de Casa Puebla y Casa Aguayo, para exigir justicia.

Entre otros testimonios, acusaron que la ayuda no llegó a los damnificados, pues al iniciar este proceso electoral no dudaron que el recurso público haya sido desviado para las campañas electorales.

En su oportunidad, el maestro Gilberto Maldonado, informó que en el caso de Izúcar de Matamoros fueron afectadas 3 mil 212 viviendas, de las cuales 657 con pérdida total; sin embargo, a casi siete meses del terremoto no logran reconstruir ni la mitad de las casas.

“Exigimos justicia a cientos de familias que están sin vivienda, con una honda preocupación de su futuro, cuando ya inició la temporada de lluvia y no tienen dónde vivir”, advirtió.

El también activista dijo que a través del Consejo del Pueblo de Izúcar mantiene un movimiento ciudadano para reclamar la entrega  de los recursos.

Señaló que hay un buen número de viviendas que no fueron censadas en la cabecera municipal, y ahora que revisaron la página de internet de la Sedatu no se incluyeron pérdidas parciales de viviendas.

Asimismo, Gilberto Maldonado reveló que algunas personas fueron beneficiadas con pérdida total de sus viviendas, solo por ser personas cercanas al alcalde de Izúcar de Matamoros.

Esto debido –precisó- porque el gobierno federal entregó la suma de 120 mil pesos para la reparación total de las casas.

Por esta razón, no dudó que haya un manejo discrecional de la ayuda gubernamental a favor de allegados al presidente municipal.

En Teotlalco, Pilcaya y Huaquechula, pobladores que resultaron gravemente afectados, por su cercanía al epicentro, dijeron que llevan un avance del 70 por ciento en la reconstrucción.

Además informaron que las comunidades que no han recibido recursos al 13 de marzo ya no podrán recuperarlos, pues el gobierno ya cerró los expedientes.

En el caso de Pilcaya, expusieron que sigue habiendo gente viviendo en las calles y una de las ayudas que reclaman a la autoridad es que los apoye a cómo reconstruir sus viviendas.

Al final, en Huaquechula reclamaron que se quedaron esperando la realización de un segundo censo a cargo del gobierno estatal.

El terremoto del pasado 19 de septiembre de 7.1 grados que se registró en el centro del país dejó un saldo de 46 personas fallecidas y daños materiales en  64 templos y 102 municipios en el estado de Puebla, que fueron declarados en emergencia.