Cuestiona regidor de Gobernación de Tehuacán eficacia de exámenes de control y confianza

Tehuacán. El regidor de Gobernación, Abraham Aguilar Sánchez, cuestionó la eficacia de los exámenes de control y confianza que son obligatorios para los elementos de las corporaciones de Seguridad Pública, lo cual consideró que se ha convertido en un gasto excesivo para el erario.

Abraham Aguilar, recordó que todos los recursos que reciben los municipios por parte del programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), ya llegan etiquetados y la gran mayoría son para capacitación y los exámenes de control y confianza; cada evaluación tiene un costo superior a los 4 mil pesos.

Si se toma en cuenta que apenas una tercera parte de los aspirantes que presentan ese examen lo aprueba, la inversión que se hace para poder contratar a un elemento de seguridad pública es de hasta 15 mil pesos, detalló el regidor al expresar que no siempre los que llegan son los mejores policías.


Los exámenes tienen más el objetivo de elegir a las personas con capacidad para desempeñarse en un trabajo bajo presión y miden la confiabilidad de manera poco certera, señaló Abraham Aguilar, al expresar que hay policías que han tenido un buen desempeño y se les reprobó mientras que otros fueron avalados y ya en funciones cometieron actos indebidos.

Para el regidor ese tipo de evaluación confunde mucho a la población, ya que la ciudadanía tiene la idea de que cuando un policía aprueba los exámenes es porque demostró ser una persona honesta, pero los hechos han demostrado que no siempre es así.

Destacó que esa es la queja no solamente en Tehuacán, sino prácticamente en todo el estado y el problema es que los ayuntamientos se ven obligados a despedir a todo el persona que no pasa las evaluaciones lo cual también representa problemas para las autoridades municipales.

En Tehuacán son varios los elementos policiacos que tras ser motivo de baja decidieron emprender juicios laborales contra la comuna, recordó Aguilar Sánchez, situación que también representa otro problema financiero porque se requiere efectuar todo el proceso de defensa y si el caso se pierde es deber de la comuna cubrir los pagos que los despedidos reclaman.

Por todo lo anterior el regidor consideró que se debe revisar el marco legal y las normas de operación en esa materia para no desperdiciar tanto recurso ya que ese dinero se puede invertir en patrullas, equipo y contratación de personal para la seguridad ciudadana.