Crímenes políticos: De 2013 a la fecha se han cometido 19 en Puebla

En solo un lustro, de 2013 a la fecha, se han cometido en Puebla 19 asesinatos de políticos, es decir, de presidentes municipales, regidores, alcaldes auxiliares, ex ediles, operadores políticos y hasta un ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Cinco de esos homicidios ocurrieron en tres de los cuatro procesos electorales más recientes y afectaron la estabilidad de dichas contiendas.

Esta casa editorial hizo un recuento sobre los crímenes perpetrados en contra de la clase política en los cinco últimos años, cuando han matado a cuatro alcaldes, al mismo número de regidores, dos presidentes auxiliares cuatro ex ediles y fue heridos un reidor y hubo dos atentados contra autoridades municipales.


Crímenes políticos

La cuenta de homicidios cometidos en procesos electorales comienza con el crimen sobre Samuel Malpica Uribe. El ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) que fue ultimado la noche del 2 de julio de 2013 de dos disparos en el pecho. El asesinato ocurrió afuera del domicilio ubicado en Río Nazas 5923, del fraccionamiento Jardines de San Manuel.

A pocas horas del crimen, la entonces Procuraduría General de Justicia –hoy Fiscalía General del Estado (FGE)– a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourguet, vinculó en un boletín el homicidio con Enrique Agüera Ibáñez, a la sazón ex rector de la máxima casa de estudios y candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Puebla.

En esa lógica, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) consideró que el asesinato de Malpica Uribe “puede ser interpretado como un mensaje intimidatorio contra todos los que están alzando voces críticas contra el gobierno federal priista y el gobierno estatal panista”. En un comunicado, las secretarías de Derechos Humanos y Sociales en el estado y en el municipio de Puebla del Morena le exigieron al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas “el cese de las actividades intimidatorias que están efectuando en contra de todos los estamos luchando contra sus arbitrariedades y actos autoritarios”

El 3 de julio del año pasado, el hijo del ex jefe del gobierno universitario, Samuel Óscar Malpica Moreda, expresó su inconformidad con los avances que había tenido la FGE en las pesquisas sobre el asesinato de su padre.

Durante el proceso electoral federal de 2015, el 26 de mayo José Salvador Méndez Morales, quien era regidor de Patrimonio y Hacienda Pública en el ayuntamiento de Chignahuapan y también coordinador de campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la diputación por el Distrito II, Lorenzo Rivera Sosa, fue asesinado a balazos en plena vía pública la noche de aquel lunes.

A las pocas horas del homicidio, por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla aseguró que de sus primeras indagatorias “se establece que el móvil de la privación de la vida de José Salvador Méndez correspondería a un ámbito de índole personal y no de otras circunstancias”. En respuesta, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor emitió un boletín contradiciendo la versión oficial y asegurando que se trató de un “crimen con tintes políticos”.

El 7 de junio el priista Pablo García Orozco fue asesinado a balazos por sujetos no identificados mientras desarrollaba funciones de representante de activismo político en el municipio de Libres, con lo que suman dos liderazgos regionales del tricolor ultimados en el marco del proceso electoral dentro del mismo Distrito II de Zacatlán.

Integrantes de la CTM responsabilizaron de la agresión al diputado local de Tlatlauquitepec de Compromiso por Puebla, Manuel Pozos Cruz; al presidente municipal de Libres, el panista Enrique Cerón Flores, así como a Abraham Islas Pozos, pues aseguraron que los homicidas se hospedaron en la casa de estas personas, pero no aclararon a qué personas se refirieron como presuntos homicidas ni cuántos son.

En la elección de 2016, de la que resultó electo el actual gobernador José Antonio Gali Fayad, no hubo crímenes políticos.

El 5 de febrero del presente año fue encontrado desmembrado, en una barranca de la comunidad de San Francisco Tláloc, el abogado José Jairo García Oliver, quien era militante del Partido Acción Nacional y buscaba una candidatura a la diputación local por el Distrito de Huejotzingo.

El 30 de enero, familiares habían denunciado la desaparición de García Oliver, quien es abogado de oficio en la región de Huejotzingo y San Martín Texmelucan. Los denunciantes informaron que a Jairo lo vieron por última vez en una tienda de conveniencia Oxxo, en el fraccionamiento Casas Ara, en las afueras de Huejotzingo. Ese día conducía un automóvil Athos de color azul, con placas TKY6793. Iba vestido de una chamarra negra y pantalón de mezclilla.

El pasado 1 de marzo fue asesinado con un tiro en la cabeza el candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, Aarón Varela.

El militante izquierdista de 55 años de edad recibió dos impactos de bala de arma de fuego cuando regresaba de una reunión partidista de la ciudad de Puebla, a la altura del puente peatonal de la comunidad de Santa Martha Hidalgo, que comunica al municipio.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena denunció que el asesinato de Aarón Varela Martínez, precandidato del partido a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan, es “una ejecución extrajudicial” con un claro objetivo político de frenar el ascenso de Regeneración Nacional en el proceso comicial local.

A través del secretario de Derechos Humanos del CEN, Carlos Figueroa Ibarra, el instituto político señaló que el homicidio se encuentra inmerso “en una ola de violencia” que ha costado la vida de 11 personas vinculadas a partidos políticos en los últimos dos meses en todo el país.

Ni el móvil político ni ningún otro que no sea de robo puede ser descartado en las investigaciones del homicidio del precandidato de Morena Aarón Valera Martínez, según informaron este jueves los titulares del gabinete de seguridad de Poder Ejecutivo, encabezado por el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano.

En una breve conferencia de medios ofrecida en la residencia oficial de Casa Puebla, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Victor Antonio Carrancá, se limitó a leer un boletín oficial en el que se establece: “De momento se descarta el robo, ya que fueron localizadas las pertenencias de la persona dentro de la unidad (la camioneta de la víctima), entre ellas un teléfono celular que será sometido a análisis forenses.

Crimenes vs. políticos

En estos cinco años han sido ultimados, además, cuatro presidentes municipales: Manuel Hernández Pasión, de Huitzilan de Serdán; José Santamaría Zavala, de Huehuetlán El Grande; José René Garrido Rocha, de San Salvador El Verde, y Antolín Vital Martínez, de Tepexco.

También fueron asesinados los regidores: Agustín Guerrero Rojas, de Quimixtlán; Jorge Hernández Jiménez, de Quecholac; Guadalupe González Saíno,  regidora suplente de Gobernación del municipio de Jopala y Joaquín Miranda Ponce, regidor de Industria y Comercio del municipio de Chietla.

En el mismo periodo fueron eliminados José Guadalupe Romero, en Cosamaloapan, comunidad ubicada en el municipio de Atlixco, y Jesús Antonio Hernández Jiménez, de Mecapalapa, localidad perteneciente al municipio de Pantepec.

También fueron sufrieron ejecuciones los ex presidentes municipales: Neftalí Hernández Mejía, de Domingo Arenas; Tarcisio Lorenzo Marcos, de San Felipe Xochiteltepec; Jesús Antonio Hernández Jiménez de Pantepec y Delfino Alfonso Hernández, de Altepexi.