Ante la pasividad de las autoridades –a las cuales su fundamentalismo de mercado no les permite actuar–, el dólar ya superó la barrera de los 20 pesos. Un preció así de la divisa, tarde o temprano afectará los precios internos dada la dependencia de la oferta interna de las importaciones de materias primas, alimentos y bienes de capital. ¿No sería entonces el momento de actuar por parte de la Comisión de Cambios, integrada por funcionarios de Hacienda y del Banco de México, para fijar un precio de la divisa que evite el posible desencadenamiento de la inflación? En nuestro país hay experiencia sobre el sostenimiento de una tasa de cambio fija, que durante el periodo estabilizador permitió un elevado ritmo de crecimiento económico.
Según Enrique Peña Nieto, uno de sus logros ha sido evitar la inflación. Sin embargo, según información del Inegi, la inflación al productor a la primera quincena de septiembre de este año, ha mantenido su tendencia ascendente y se ubicó en 5.5 por ciento de incremento anual, lo cual hace prever el desencadenamiento de los precios, sobre todo, de los bienes de consumo necesario cuya oferta depende de la importación y si ésta se hace con dólar caro, fatalmente, sus precios terminan subiendo. En efecto, la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal advirtió que: “Los precios de la canasta básica se dispararán en los próximos días, lo que provocará un incremento para toda la cadena de suministros que afectará, particularmente, a los mercados públicos” (La Jornada, 26/09/16: 32).
Esta situación, por supuesto, no es gratuita. La sistemática destrucción de la actividad productiva en el campo mexicano tiene hoy un impacto negativo en la producción de alimentos, particularmente los que integran la canasta básica de los mexicanos. Después del Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte (TLCAN), México comenzó a importación cantidades crecientes de alimentos, cuya producción era subsidiada en Estados Unidos, además la cotización del dólar permitía adquirir baratos los productos que complementaban la oferta interna de alimentos, al tiempo que desplazaban a la producción interna, que sin apoyo (crédito, riego, financiamiento y asistencia técnica), languideció ante el embate neoliberal. Así, entre 1990 y 2015, puede observarse una continua disminución de la superficie sembrada de granos básicos: maíz, frijol, trigo y arroz. Lamentablemente, la peor caída en ese rubro la registra el maíz, producto del cual en 1995 se sembraban 9.1 millones de hectáreas, mientras en 2015 apenas fueron 7.7 millones.
Como consecuencia de esta disminución persistente en la superficie sembrada, actualmente, según información contenida en el cuarto informe de gobierno de Peña Nieto, se tiene que importar 86.2 por ciento de la soya que se consume en el país; 75.5 por ciento del arroz consumido; 55.6 por ciento del trigo; en el caso del maíz, hay desde la década de 1990 un aumento continuo de las compras de este alimento básico a Estados Unidos, al grado que hoy se importa 32 por ciento del consumido por los mexicanos; finalmente, hoy se adquiere del exterior 7 por ciento del frijol que se consume en México.
El problema es, ahora, que la política sostenida por el gobierno de Peña Nieto lleva al despeñadero. Los recortes al gasto que afectan al campo, el creciente endeudamiento y la debilidad fiscal –que favorece la elusión– harán que se deteriore el peso, a lo cual con toda seguridad el Banco de México responderá con un aumento en la tasa de interés, que deprimirá, aún más, la muy vulnerable economía mexicana.
Nota al margen: el cruzado anticorrupción, Enrique Ochoa Reza, paradigmático líder priista, apenas trabajó dos años cinco meses en la CFE y, al renunciar, recibió una indemnización de un millón 206 mil 271 pesos (libres de impuestos), con lo cual podrá cambiar llantas a su flotilla de 50 taxis.