El caso de Karla López Albert estará abierto hasta que los culpables de su asesinato “estén donde deben estar”, advirtió María Esperanza Albert, madre de la víctima, quien advirtió que no permitirá que las autoridades locales den carpetazo a las investigaciones, por lo que solicitará la intervención de la embajada española.
Asimismo, convocó a una marcha que se realizará el próximo sábado a la 1 de la tarde para protestar contra la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por entorpecer las investigaciones.
Esperanza Albert visitó ayer el Congreso de Puebla para gestionar ante los diputados la comparecencia del titular de la PGJ, Víctor Antonio Carrancá Bourget, con el fin de que explique su actuación.
En respuesta, los legisladores Silvia Tanús Osorio, del PRI, y Víctor León Castañeda, del PAN, presentaron un punto de acuerdo al pleno en la sesión ordinaria de ayer, en el que exhortan a la dependencia responsable de la procuración de justicia en Puebla a esclarecer los hechos.
El documento también solicita a la PGJ trabajar en coordinación con el gobierno del Distrito Federal. En entrevista, Tanús y León dijeron que “sería muy aventurado” juzgar la actuación de la PGJ, por lo que esperarán un informe de la dependencia que les permita emitir una opinión.
El cuerpo de Karla López fue localizado en el Distrito Federal el 2 de febrero pasado, luego de que se reportó desaparecida desde el 31 de enero pasado.
La última vez que sus familiares tuvieron contacto con ella les informó que se reuniría con su pareja sentimental, Manuel Forcelledo Neder, quien actualmente se encuentra arraigado por la PGJ acusado del homicidio.
“Esto apenas empieza”
La abogada de Esperanza Albert, Marisol Montes Baro, reprobó que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas señalara el martes que el asesinato “ya no es tema”, porque un caso puede cerrarse sólo cuando el juez emite una sentencia; no cuando se tiene a un presunto responsable de los hechos.
“Para nosotros esto apenas está empezando”, advirtió la asesora jurídica en una rueda de prensa que encabezó con su cliente en las instalaciones del Poder Legislativo, donde fueron atendidas por una comisión de diputados.
Esperanza Albert y Marisol Montes denunciaron que la Procuraduría General de Justicia se ha negado a entregarles el expediente del caso, además de que han detectado errores en las investigaciones.
Dieron a conocer que Karla López, quien tenía cinco meses de embarazo en el momento de su asesinato, contaba con la nacionalidad española, por lo que enviarán una carta a la embajada de ese país para que participe en las investigaciones.