El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, condenó la violencia que se registró en el desalojo de un campamento de protesta que instalaron estudiantes en el zócalo de Puebla, así como la negativa de las autoridades a respetar el derecho a la libertad de expresión.
En entrevista, demandó a la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH Puebla) investigar la agresión para que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades, ante las denuncias de colusión de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y elementos de la Policía Estatal y Municipal en la agresión.
El ataque se registró la madrugada del domingo pasado, cuando un grupo de choque integrado por al menos 30 personas golpeó y raptó a los jóvenes que se habían instalado en el zócalo, para luego arrojarlos en un terreno ubicado en los alrededores del Parque Industrial 2000.
Sergio Salomón, integrante de la bancada del PRI, descartó que la aprobación de la ley que regula el uso de la fuerza pública confiriera a los elementos policiacos “licencia para cometer arbitrariedades” o llevar a cabo desalojos violentos.
En esa lógica, concluyó que las autoridades tendrán que investigar la intervención policiaca y asumir su propia responsabilidad”, porque en Puebla “no podemos permitir que avancen estas circunstancias”.
Ante la coincidencia en el modus operandi del operativo del domingo con las detenciones de activistas sociales perpetradas en el estado, que también se han llevado a cabo en la madrugada y de manera violenta, Sergio Céspedes consideró indispensable que se identifique “de dónde viene” la orden y quién la ejecuta.
Urgió a la CDH Puebla a realizar una investigación “clara” de los hechos para encontrar a los responsables del suceso, ya que concluyó que toda violación a los derechos humanos es “condenable”.
Colusión
El grupo de choque utilizó varillas y bates para desalojar a los estudiantes, de acuerdo con el testimonio que ofrecieron las víctimas de la agresión en una conferencia de medios el domingo.
Los jóvenes aseguraron que elementos de la Policía Estatal y Municipal fueron testigos del desalojo y el secuestro, pero se rehusaron a intervenir; además, algunos de los muchachos que fueron raptados aseguraron que al ser liberados y buscar ayuda pudieron identificar a “funcionarios de Gobernación” en los alrededores.
De los 22 muchachos que se encontraban en el campamento, los agresores obligaron a ocho a subir a una camioneta negra de batea, entre quienes se encontraron tres mujeres que fueron colocadas boca abajo para que los varones se acostaran encima de ellas.
Los raptores patearon a los jóvenes, les colocaron en la nuca objetos puntiagudos y amenazaron con asesinarlos, antes de que los arrojaran maniatados en las inmediaciones del Parque Industrial 2000.